Vía Reforma: 17 de agosto de 2010.
En Brasil, país líder en exploración petrolera en aguas profundas, las autoridades federales han asunido como una máxima prioridad el evitar que suceda en costas brasileñas un accidente y un derrame petrolero similar al que recientemente ocurrió en el Golfo de México estadounidense.
La ministra del medio ambiente Isabella Teixeira ha anunciado que Brasil “está en alerta” y elaborará un plan nacional de contingencias contra derrames petroleros que será presentado al Presidente Lula para su aprobación como decreto presidencial en septiembre. Así se logrará que todo el gobierno unifique criterios y esfuerzos en caso de un derrame futuro, afirmó Teixeira.
A su vez, la agencia nacional del petróleo (ANP) –el regulador– fortalecerá la regulación petrolera para atender aspectos como el uso de dispersantes, la quema de petróleo en la superficie del mar, las operaciones de limpieza y el manejo de riesgos. Se elaborarán acciones de prevención y contención, nuevos protocolos de seguridad y se modificará una ley que fija un tope de 50 millones de reales (28 millones de dólares) a las multas contra compañías responsables de los desastres ambientales. Representantes de diversos ministerios, de los estados, de la Armada y de las compañías petroleras ya se están reuniendo para discutir y elaborar el nuevo plan.
Estos esfuerzos contrastan con la inacción del gobierno mexicano, a la que ya nos referimos en este espacio (Silencio profundo, Reforma, 20 de julio de 2010). Ahí señalamos la conveniencia de contar con una regulación estricta y específica para aguas profundas, de medidas de contingencia y vigilancia actualizadas y adecuadas, y de una información pública completa sobre las actividades petroleras en aguas profundas.
Desde entonces, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha informado sobre los pozos que perforará en aguas profundas del Golfo de México con tres plataformas semisumergibles que mandó construir. Dice que postergará hasta el año próximo la perforación de Maximino-1 –un pozo ultraprofundo y cercano a la frontera marítima con Estados Unidos– “para que el equipo técnico se familiarice con la plataforma y ésta pueda calibrarse” al operar en un pozo menos profundo. Sin embargo, Pemex no ha aportado información pública sobre medidas de seguridad, contingencia, prevención y contención de derrames que adoptaría. Los mexicanos no sabemos quiénes tripularán los semisumergibles, qué niveles de expertise tienen, ni quiénes darán servicio y mantenimiento a esas plataformas.
Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, participó en un foro en Washington, donde aludió a tecnologías para prevenir explosiones durante la perforación de pozos que México tendría que considerar en nuevas regulaciones. Pero no se sabe cuándo saldrán a la luz esas regulaciones, que ya urgen, ni se observa liderazgo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente ni de la de Energía, quienes tendrían que encabezar, frente a la sociedad y en nombre del presidente Felipe Calderón, acciones para actualizar los planes de contingencia existentes –que datan de 1981– y las regulaciones.
La intención no es frenar ni ponerle trabas a Pemex ni querer sujetarlo a normatividades agobiantes –ya tiene demasiadas– ni echarle encima a los legisladores y auditores federales. Pero hay que asegurar que los mexicanos no nos veamos obligados a destinar muchos miles de millones de dólares de nuestros impuestos para pagar daños y reclamos asociados a un derrame. Pemex, a diferencia de BP, no tiene reservas de capital para enfrentar esa magnitud de daños. Queremos un gobierno eficaz, responsable y transparente, y poder confiar en un Pemex que trabaje con precaución y con las mejores prácticas, de acuerdo con una regulación adecuada. ¿Es mucho pedir?
David Shields es analista de la industria energética. Su e-mail: davshields@hotmail.com
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