Chocan en Parlamento Abierto por actuar de la Corte en temas eléctricos

(En la imagen, Daniel Amézquita, litigante en materia Constitucional y Administrativa. Foto: Captura de pantalla)

Durante el Foro 25 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica hubo posturas radicalmente opuestas, pues mientras sus defensores acusaron al Poder Judicial de carecer de conocimiento sobre el tema, quienes se oponen a la iniciativa señalan que los esquemas de autoabasto son un “pretexto” para eliminar el marco legal establecido en 2013.

Durante la mesa Decisiones del Poder Judicial en materia energética, Nancy Jocelyn Jiménez Camacho, jefa de Oficina del Jurídico de la CFE en Intermediación de Contratos Legados, aseguró que el Poder Judicial no tiene el conocimiento suficiente sobre el sector eléctrico que se debe abordar desde un punto de vista diferente en temas de competencia.

La abogada de la Comisión Federal de Electricidad acusó que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorecen a empresas que no pagan el porteo de la electricidad, que es una actividad estratégica regida por derechos humanos.

En respuesta, Daniel Amézquita, litigante en materia Constitucional y Administrativa, refirió que el Poder Judicial lleva tres años analizando la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones que ha impulsado el Poder Ejecutivo desde 2019 en torno al sistema eléctrico.

El especialista defendió que hay precedentes que superan el tema técnico y regulatorio y se basan en la libre competencia y acceso a los mercados, así como en el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud.

En este sentido, Amézquita recordó que el gobierno federal promovió cambios a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, pero el sector privado obtuvo amparos en su contra, situación que se repitió con las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso de la Unión, así como a otros cambios en el sistema eléctrico.

Por ello, consideró que hay una tendencia en relación con los acuerdos promovidos por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) que fueron considerados “ilegales” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que después se decidió modificar la ley, y como también fue rechazada, se optó por cambiar la Constitución.

En su intervención, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, defendió el derecho del gobierno federal para modificar la Constitución, acorde con las necesidades del país, lo que también incluye la ideología de cada administración. 

En este sentido, comentó que el Poder Judicial tiene que actuar conforme a los principios que se determinen en la Carta Magna y no representa un permiso para los jueces de resolver los temas de forma discrecional.

Sin embargo, Miguel Zárate, especialista en litigios, argumentó que hay derechos adquiridos que no se pueden cambiar bajo ningún pretexto.

En este sentido, Amézquita consideró que una de las figuras que se está utilizando como “pretexto” para eliminar todo el marco regulatorio anterior son los autoabastos.

Recordó que estas figuras están en proceso de extinción y que tuvieron que ser incluídas en la reforma de 2013, porque existen desde antes, aunque desaparecerán en menos de 20 años y es un sector en el que ya no se puede invertir.

Por ello, consideró que el ataque a los autoabastos es un “pretexto” para derribar toda la reforma de 2013, “sin proponer esquemas nuevos y regresar a modelos que no funcionaron”.

En sentido contrario, Nancy Jocelyn Jiménez Camacho aseguró que la reforma constitucional no busca pretextos, sino corregir las anomalías que prevalecen en el sistema eléctrico mexicano, lo que incluye los cambios a las tarifas de porteo, así como las figuras de los autoabastos, que no tienen límites legales para subir y bajar socios, lo que abre el espacio para un mercado anticompetitivo de generación de electricidad, que afecta a la CFE.