La aprobación de la nueva Ley General de Aguas en diciembre de 2025 reconfigura el acceso al recurso hídrico en México y abre un capítulo de profunda incertidumbre para las industrias que dependen de él. Para la minería —y especialmente para los proyectos de minerales críticos que hoy son estratégicos para las cadenas globales de tecnología y transición energética— esta ley representa un cambio que va más allá de lo regulatorio: afecta directamente la posibilidad misma de planear.
El objetivo de priorizar el uso humano del agua es legítimo. El reto surge en la forma en que la ley limita y redefine los derechos de agua para las actividades productivas. A partir de ahora, las concesiones se vuelven estrictamente personales e intransferibles. Esto significa que los derechos ya no pueden comprarse, reorganizarse o utilizarse para respaldar expansiones, como se ha hecho durante décadas. Si una empresa deja de usar un título, este regresa automáticamente al Estado y se integra al Fondo de Reserva de Aguas, donde solo la autoridad decide su reasignación.
En términos prácticos, un desarrollador ya no puede adquirir derechos existentes para un nuevo proyecto de litio, cobre o plata, ni trasladar volúmenes entre unidades operativas. Cada proyecto deberá solicitar nuevos derechos sin garantía de obtenerlos, mantenerlos o ampliarlos. Para ilustrarlo: una mina que dependa de agua adicional para procesar minerales críticos no sabrá si podrá operarla en cinco, diez o veinte años. Esa incertidumbre, por sí sola, puede detener inversiones de cientos de millones de dólares.
A las variables que ya complican un business plan minero —volatilidad de precios, ciclos económicos, costos logísticos, exigencias de trazabilidad libre de influencia china para acceder a financiamiento internacional— se suma ahora una más, quizá la más determinante: no saber si podrá contar con agua, ni cuánta, ni por cuánto tiempo, para operar un proyecto que tarda años en desarrollarse y décadas en madurar.
La ley también endurece los requisitos administrativos: cualquier error documental puede derivar en el desechamiento automático de una solicitud. Las facultades de inspección aumentan y los criterios de “sobreexplotación” quedan bajo decisión exclusiva de la autoridad, lo que puede reducir o suspender volúmenes autorizados incluso en zonas con actividad minera histórica. En este escenario, la planeación de largo plazo —piedra angular de cualquier proyecto extractivo— se vuelve un ejercicio especulativo.
Para un país que aspira a insertarse en la cadena mundial de minerales críticos, este nivel de incertidumbre es un contrasentido. La inversión compara jurisdicciones. Estados Unidos, Canadá, Australia y varias naciones latinoamericanas compiten por atraer nuevos proyectos para asegurar suministros estratégicos. México, con su potencial geológico, podría ocupar un lugar central. Sin embargo, un régimen hídrico impredecible se convierte en un freno silencioso: eleva el riesgo, incrementa el costo del capital y reduce la posibilidad de comprometer inversiones de largo plazo.
“Para un país que aspira a insertarse en la cadena mundial de minerales críticos, este nivel de incertidumbre es un contrasentido”.
Proteger el agua es indispensable. Pero para equilibrar desarrollo y sustentabilidad, el país necesita reglas claras, previsibles y técnicas. Sin certeza sobre el acceso al agua, incluso los yacimientos más prometedores pierden competitividad frente a otros mercados. Y el riesgo es que México quede al margen de una transformación global que determinará qué países participarán —y cuáles solo observarán— en la economía de los minerales críticos del siglo XXI.
*/ Yaxa Michel es presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, desde donde impulsa prácticas sostenibles, innovación y cooperación en el sector. Con más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica, asuntos corporativos y cabildeo, ha trabajado en múltiples industrias y liderado iniciativas ESG en México.
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