Vergüenza, nuevo medio de presión en el mercado de gasolinas

Daniel Salomón Sotomayor[1]  para Energía a Debate

El 9 de abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó con la presencia de Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, para exponer las causas de que los precios de los combustibles no disminuyan a pesar de los estímulos fiscales. La razón: el aumento en los márgenes de utilidad de distribuidores y estaciones de servicio.

Como parte de las alternativas para solucionar el problema, López Obrador invitó a que cada permisionario revisara sus márgenes y mencionó que todos los lunes se dedicará un espacio en la conferencia matutina para exponer cuáles son las gasolineras que ofrecen combustible más barato y cuáles más caro.

La propuesta en sí misma es fascinante. Evidenciar a los buenos y malos de la clase, parte de una lógica hasta ahora someramente explorada en la regulación energética de México: darle valor al factor reputacional de un agente del mercado.  Cualquiera pensaría que dicha propuesta fue básica y simple, pero una forma de intervenir para solucionar una falla de mercado puede ser generar los incentivos para que se logre la autorregulación de los agentes económicos. ¿Qué mejor forma de detonar esos incentivos que apelando a la reputación de los agentes?

Una herramienta para generar incentivos basados en la reputación de los agentes es conocida como Regulatory Shaming (Regulación basada en la vergüenza). Dicha herramienta consiste en la publicación intencional de información por parte de una agencia, relacionada con el mal comportamiento o desempeño de las empresas[2].

El objetivo esperado es que los agentes realicen acciones para evitar ser expuestos por la publicación de la información. Para dichos efectos se espera que las empresas lleven a cabo prácticas de autorregulación que les permitan ser reconocidos como proveedores confiables satisfaciendo los objetivos regulatorios.

“La apelación a la vergüenza es deseable desde el punto de vista regulatorio tanto normativo como práctico. El Regulatory Shaming es inherentemente eficiente. Permite alcanzar metas regulatorias de forma rápida, simple y menos costosa que otras formas de coerción normativa. Asimismo, dicha herramienta alienta a que los ciudadanos desempeñen un papel activo en el proceso regulatorio, valores democráticos y aporta confianza entre el gobierno y los ciudadanos.”[3]

La alternativa propuesta por el presidente permite que, sin una intervención directa y costosa, las empresas puedan emplear las acciones necesarias para ganarse la confianza de un consumidor. De acuerdo con lo anterior, la propuesta parte de poner al consumidor como el centro del diseño regulatorio.

En el fondo, la idea de empoderar al consumidor a través de información de mercado había sido tomada previamente por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el diseño, lanzamiento y operación de sus plataformas Gasoapp[4] y Amigaslp[5].

Dichas plataformas ofrecen información de ubicación y precio de distintas estaciones de servicio de gasolina o distribuidores de Gas Licuado de Petróleo. Asimismo, la aplicación cuenta con la coordinación de la Procuraría Federal del Consumidor para imponer directamente una queja sobre el servicio prestado por dichos permisionarios.

Respecto a la forma en la que se va a realizar el Regulatory Shaming, es importante considerar que la información que se publique sea precisa, comprobable, transparente y veraz. Lo anterior evitará que se pierda de vista el objetivo final intentando desacreditar el procedimiento. De igual manera, los errores, inconsistencias o la manipulación de la información pueden producir desconfianza de los consumidores en el mecanismo empleado por el gobierno.

Por otro lado, las comparaciones que se lleven a cabo en las conferencias deben evitar comparar peras con manzanas. El mecanismo para jerarquizar a los participantes del mercado debe responder a su ubicación, tomando en cuenta la justificada variación de los costos logísticos entre las distintas estaciones de servicio.

Lo anterior implica una luz en el atropellado camino que han recorrido el gobierno federal y la CRE. Parece que, como alguna vez dijera Guillermo García Alcocer, los órganos autónomos no son enemigos del proyecto de nación, éstos y el gobierno comparten el mismo objetivo “que a México le vaya muy bien”[6].

Esperemos que la publicación de la información de precios recabada por la CRE, con el apoyo de difusión del gobierno federal tenga una incidencia en el comportamiento del mercado de combustibles, de ser así la nueva administración descubriría una forma de auxiliarse de los órganos técnicos para perseguir un objetivo de política pública.

Celebro que en estos días podamos discutir cómo organizar a distintos participantes del mercado y que podamos diferenciar entre unos y otros. Ese es el resultado de tener un mercado con distintas alternativas de suministro. Para lograr alcanzar disminución de precios, mejorar la calidad de servicios y productos y fomentar el desarrollo de nueva infraestructura es necesario que nuestros consumidores cuenten con información suficiente para elegir a sus prestadores de servicios.

¡Que así sea!

[1] Licenciado en Derecho por el CIDE. 5 años de experiencia en el Sector Energético; Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético y Senior Energy Professionals.

[2] Sharon Yadin: Regulatory Shaming. 49 Environmental Law. Disponible en esta liga: http://thecre.com/pdf/20181224_shaming.pdf

[3] Ibid, pág 5.

[4] https://www.gob.mx/apps/6

[5] https://www.gob.mx/apps/29

[6] https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Garcia-Alcocer-no-renuncia-a-la-presidencia-de-la-CRE-y-advierte-uso-de-las-instituciones-para-perseguir-funcionarios-20190218-0082.html