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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que el éxito de la estrategia eléctrica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dependerá de que se asiente un marco legal claro para promover la inversión privada.
En un análisis, el organismo señaló que las inversiones requeridas para el sector eléctrico nacional requerirán un balance entre la planeación vinculante y un entorno atractivo para la inversión privada.
Por una parte, las inversiones mixtas serán fundamentales para mantener el mandato de que el Estado debe generar 54 por ciento de la energía, como lo establece la última reforma del sector.
El organismo destaca que uno de los principales sectores de oportunidad es el despacho eléctrico, donde la prevalencia del Estado deberá coexistir con la eficiencia económica.
Los generadores privados deben aprovechar esta ventana de oportunidad para incidir en que los criterios de operación del mercado establezcan un piso parejo para todos, basado en criterios de eficiencia y minimización de costos.
De igual forma será relevante el diseño del nuevo Monitor Independiente del Mercado (en un plazo de 150 días hábiles), que deberá ser imparcial, transparente y accesible para todos los participantes del mercado.
Estas reglas son fundamentales para el desarrollo del mercado, pues definirán las bases operativas y metodológicas del despacho al establecer el procedimiento para la asignación de las centrales eléctricas y otros recursos que cubrirán la demanda, procurando siempre la igualdad de condiciones para todos los participantes, dice el organismo.
El marco legal actual también considera dos modalidades principales de proyectos público-privados: producción con contrato de largo plazo e inversión mixta.
La producción con contrato de venta de energía de largo plazo con la CFE permite que un particular construya, financie, opere y mantenga la central eléctrica y sus accesorios.
Al finalizar el contrato, la transferencia de los activos a la CFE es opcional y sin costo.
La inversión mixta es una asociación directa entre particulares y el Estado (ya sea a través de la CFE, otra institución o vehículos de financiamiento específicos) para desarrollar centrales eléctricas donde la participación estatal -directa o indirecta- ascienda a por lo menos 54 por ciento.
La participación estatal puede realizarse a través de aportaciones líquidas, en especie o intangibles.
El reglamento establece que los proyectos podrán ejecutarse por medio de fideicomisos, asociaciones en participación o sociedades mercantiles, siempre que se garanticen condiciones favorables para la Empresa Pública del Estado y el SEN.
Estos proyectos tienen una duración máxima de 30 años, tiempo que debe permitir recuperar la inversión.
La selección de socios privados se realizará mediante procesos competitivos, con principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
Al considerar los precedentes tanto en la compra de los activos de Iberdrola en 2023 como en la creación del vehículo de financiamiento operado por Banobras para pagar las deudas de Pemex con contratistas, es previsible que los proyectos mixtos sean una de las principales apuestas de la actual administración para expandir la capacidad de generación del país y cumplir con el mandato de prevalencia del Estado, estima el IMCO.
Añade: “su éxito dependerá de la capacidad del Estado de ofrecer condiciones de certidumbre, respeto contractual y de eficiencia en el desarrollo de proyectos”.
Para el IMCO, un aspecto que definirá las posibilidades de inversión en el sector son las nuevas Reglas del Mercado y las disposiciones administrativas emitidas por la CNE.
Estas normativas serán el último eslabón en el andamiaje institucional y deberán incorporar condiciones claras y certeras para la plena implementación del nuevo marco legal y regulatorio del sector.
En este sentido, consideró necesario precisar el criterio de generación bajo control del Estado.
“Para incentivar la inversión en generación eléctrica es necesario explicitar que la energía inyectada por productores privados con contratos de largo plazo con CFE y por generadores bajo el esquema de Producción Independiente de Energía sea considerada bajo control estatal al estar representada en el MEM por la CFE y operar bajo los criterios y condiciones establecidos por la empresa pública. Esto permitirá cumplir con el mandato de prevalencia sin reducir las posibilidades de inversión en el mercado de generación eléctrica”, señaló.
Además, las nuevas Reglas del Mercado se deben establecer criterios que permitan cumplir la meta de prevalencia estatal y despacho económico de carga sin crear distorsiones en el mercado mediante reglas claras de priorización y criterios de transparencia en costos de operación.
El marco legal pendiente, debe integrar efectivamente la inversión privada en la planeación. El mecanismo para que los particulares presenten proyectos debe servir como insumo para la planeación vinculante.
Este instrumento no debe restringir las posibilidades de inversión en el mercado eléctrico, ni limitar inversiones que no están contempladas en la planeación.
Otro punto destacado por el IMCO es la transparencia en los proyectos de CFE será fundamental. El organismo señaló que es necesario transparentar los fideicomisos empleados por CFE para el desarrollo de sus centrales, especialmente información como recursos disponibles y estructuras de financiamiento.El organismo no gubernamental consideró que los contratos de producción de largo plazo y los proyectos de asignación mixta se deben asignar a través de procesos competitivos.
“Para las inversiones mixtas, es crucial que el proceso de selección considere no solo el costo, sino también las sinergias y el valor agregado que los nuevos socios pueden tener con CFE”, concluye.
