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El sector químico y petroquímico del país advirtió que la nueva regulación en la materia podría ser un obstáculo a las inversiones, por lo que solicitó un diálogo con las autoridades para revisar principalmente la política arancelaria.
El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Juan Carlos Pons, expresó la preocupación de los empresarios de este sector y de sus clientes ante el proyecto de Reglamento a la Ley del Sector Hidrocarburos que prepara el gobierno federal y que regulará a 2 mil 300 fracciones arancelarias, lo que impacta en unos 10 mil productos químicos, además de otros segmentos como el transporte y almacenamiento, según refirió.
En este sentido, previó que de no atenderse esto, se frenarían las inversiones en proyectos estratégicos a futuro y se tendría una afectación en la competitividad de las operaciones actuales, con impacto en la producción y poniendo en riesgo los objetivos del Plan México.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, la Asociación propuso que se regulen solo cinco productos químicos y petroquímicos: metano, etano, propano, butanos y naftas. Estos, explicó la Asociación, son los primeros productos que se obtienen de la primera transformación en la industria del petróleo y del gas natural.
“La ANIQ reconoce la necesidad de una regulación, pero el marco debe basarse en fundamentos técnicos y científicos y en condiciones similares a las de nuestros socios comerciales”, insistió Pons.
El empresario también alertó sobre el riesgo que implica que algunos de los productos que actualmente se regulan podrían ser tratados incluso como combustibles, cuando en realidad muchos de ellos son solo materias primas y ni siquiera se encuentran en estado líquido.
“Mucha de nuestra materia prima no son líquidos, son sólidos o gaseosos”, explicó.
Por ello, recomendó que la regulación se base estrictamente en criterios técnicos y científicos, con el fin de que el Reglamento contenga una definición clara.
En su llamado a las autoridades, la ANIQ solicitó un diálogo para poder encontrar un “justo medio” que equilibre la nueva regulación con la competitividad de la industria, la cual representa, según refirió, 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Adicionalmente, el representante del organismo –que abriga a 95 por ciento de la industria en el país– indicó que regular 2 mil 300 fracciones implica una enorme carga administrativa para el gobierno.
La regulación debe hacerse con fundamentos técnicos y científicos.- Juan Carlos Pons, presidente de ANIQ.
En materia de comercio internacional, Pons recordó que el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, contempla reglas de origen, uno de los puntos que incluso hace atractivo a nuestro país.
“La industria está bien posicionada y podemos aprovecharlo”, subrayó.
Pero también señaló que las regulaciones y permisos establecidos en el proyecto del Reglamento son contradictorias a la iniciativa de la Administración Federal de Estados Unidos, dependencia que dio a México un plazo de 90 días para definir acciones concretas de desregulación y facilitación de comercio con el fin de reducir el riesgo de nuevo incrementos en los aranceles que enfrentan las exportaciones mexicanas.
De la mano con Pemex
Pons explicó que actualmente el consumo nacional de productos químicos tiene un valor que asciende a los 45 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones son importaciones.
Con el Plan Estratégico para Pemex 2025-2030, presentado recientemente y que contempla proyectos mixtos en materia de petroquímica, esto es, de la mano con la iniciativa privada, sería posible sustituir con producción nacional la mitad de esos 30 mil millones, es decir, 15 mil millones de dólares, según calculó la Asociación.
“Vemos oportunidad para co-invertir con Pemex, pero tiene que combinarse con certidumbre en el nuevo Reglamento”, subrayó Pons.
Necesidades de la industria
En el diálogo con medios de comunicación, la ANIQ asentó las necesidades de la industria para garantizar su desarrollo y hacer frente al crecimiento de la demanda.
Así, enlistó el acceso a gas natural; acceso a materias primas; acceso confiable a energía eléctrica y agua; transporte seguro; reducción de la sobrerregulación, y protección contra prácticas desleales.
