Redacción / Energía a Debate
Las modificaciones realizadas a los lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de Energía Limpia (CEL) ponen en riesgo inversiones por más de 9 mil millones de dólares, advirtió esta mañana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en relación con el Acuerdo publicado ayer por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación.
“La modificación publicada acarrea diversas consecuencias que afectan el desarrollo del sector energético en el país, ya que esta decisión pone en riesgo inversiones –nacionales e internacionales– por más de 9 mil millones de dólares que se anclaron en las reglas originales de los CELs”, dijo el organismo presidido por Carlos Salazar Lomelí en un comunicado.
El CCE explicó que dichas modificaciones alteran el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, generan incertidumbre y vulneran la ejecución de las inversiones.
Sin embargo, aclaró, ante ello recurrirá a los mecanismos previstos por la Ley para garantizar que el apego a las normas siga siendo un estímulo para las inversiones, la sustentabilidad y la prosperidad de México.
La Sener, a cargo de Rocío Nahle García, realizó diversas modificaciones a los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014. Esto con el fin de que se reconozca la producción de energía limpia de la Comisión Federal de Electricidad producida antes de agosto de 2014.
Ante ello, el CCE afirmó que tal decisión desvirtúa el único mecanismo contemplado por la ley para conducir la transición energética de México y cumplir las metas nacionales obligatorias de adopción de energía limpia del 35% para 2024, y los compromisos internacionales de mitigación de emisiones, adquiridos en la COP 21 y objeto de la próxima reunión de la COP 25, en Santiago de Chile.
El organismo señaló que desde la publicación del anteproyecto de modificaciones, más de 60 particulares y organizaciones pidieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) abrir el procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio para que la sociedad participara en la discusión “de un tema de enorme relevancia tanto por las inversiones ya realizadas como para el futuro económico y ambiental de México”.
En este sentido, agregó, el sector privado reitera su compromiso para promover las inversiones, la sustentabilidad, el bienestar social y la prosperidad de México y por ello solicita al Gobierno Federal el respeto al Estado de Derecho para dar certidumbre a la construcción de infraestructura energética en el país.
En el mismo tenor, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, Cogenera México y la Asociación Mexicana de Derecho Energético emitieron un comunicado en el que calificaron de “inaceptables” los cambios a los Lineamientos.
“Los cambios contravienen principios básicos de la protección a las inversiones, amparados no sólo en el marco jurídico mexicano, sino también en tratados internacionales. Implican un cambio fundamental en el marco jurídico y regulatorio del sector energético con un daño directo económico en los proyectos de inversión privada en desarrollo, construcción y operación”, manifestaron.