Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
Revista
Infografías
(Foto: @ArelyGomezGlz en Twitter)
Redacción / Energía a Debate
La Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha sido omisa en el caso Odebrecht y, por el contrario, México es el primer país que inhabilita a esa empresa, afirmó la titular de la dependencia federal, Arely Gómez González, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
En el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de la Función Pública dijo que México es el primer país que inhabilita a la empresa constructora de origen brasileño sin contar con un acuerdo reparatorio y calificó la sanción económica que se le impuso a sus filiales como “histórica”.
En su comparecencia de alrededor de seis horas, ante las Comisiones de Vigilancia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara baja, Gómez González dio respuesta a los cuestionamientos de los legisladores sobre los sobornos por 10.5 millones de dólares que habría entregado Odebrecht, a través de sus filiales, a funcionarios de Petróleos Mexicanos y de otras dependencias, que involucra a su ex director general, Emilio Lozoya Austin, entre otros casos de corrupción.
La funcionaria refirió que la dependencia a su cargo se encuentra en estos momentos investigando los patrimonios de Lozoya Austin y de Rosario Robles Berlanga, actual secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En el caso específico de Odebrecht, la titular de la SFP manifestó que, como resultado de las investigaciones realizadas, a la fecha existen diez procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto con sus respectivas sanciones, 8 cuentan con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas, 3 de inhabilitación para la Constructora Norberto Odebrecht, una multa económica por 543 mil millones de pesos y una inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional.
Respecto a Lozoya Austin y Robles Berlanga, explicó que la investigación es para verificar si existe desvío de recursos públicos, pero evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en curso. “Existen verificaciones patrimoniales restaurables a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero están en etapa de aclaraciones, acorde a la etapa de defensa”, aseguró al tiempo que subrayó que no habrá impunidad en esos casos, ni en los del Paso Express, la llamada Estafa Maestra y de los Fideicomisos para Damnificados de los sismos del 7 y 9 de septiembre de 2017.
La secretaria de la Función Pública también aclaró que las sanciones que puede imponer la dependencia son de carácter administrativo, pero las denuncias por cohecho y soborno contra la empresa brasileña son competencia de la Procuraduría General de la República.
“Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos sin importar cargos en el caso de los servidores públicos o el poder económico que representan cuando se trata de empresas”, enfatizó Gómez.
