Redacción / Energía a Debate
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) reconoció este viernes la aprobación por parte del Pleno del Senado de la República del dictamen con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, además de las alcaldías de la Ciudad de México, para llevar a cabo las acciones necesarias para combatir el robo y comercialización ilícita del gas licuado de petróleo (gas LP) y los delitos relaciones con estas actividades.
La iniciativa de Dictamen fue presentado por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Índira de Jesús Rosales San Román, secretaria de de las Comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, y fue aprobado el día de ayer en votación económica por el Pleno.
“El día de ayer el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen muy importante para nuestro país, enfocado en restablecer el Estado de Derecho y brindarle seguridad a las familias mexicanas, combatiendo el grave problema de gas LP que afecta económicamente a Pemex y al gobierno de México”, expresó la Asociación bajo la presidencia de Carlos Serrano Farrera.
“La Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), reconoce el compromiso y la importante labor que realizan el Senado Mexicano y las Autoridades responsables de velar por la seguridad y el Estado de Derecho en nuestro país”, agregó en un comunicado de prensa.
La Amexgas refirió que se tiene registro de 83,529 tomas clandestinas en 20 años y el 59% de estas se han realizado en los últimos 3 años. “La cantidad robada es tan grande que sería suficiente para abastecer la necesidad de la demanda de los países de Colombia y Ecuador juntos, causando un daño patrimonial a Pemex superior a 30,000 millones de pesos al año”, consideró.
También recordó que el robo del energético y su distribución ilícita se concentran en los estados de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Por ello, la Asociación –que cobija a más de 300 empresas con actividades de distribución del gas LP en todo el país– calificó el Dictamen del Senado de la República como “una excelente noticia para la sociedad en su conjunto, ya que restablecerá el estado de derecho, certeza jurídica, seguridad para los 27 millones de hogares mexicanos y cientos de miles de empresas, hospitales, comercios, hoteles, tortillerías, panaderías, transporte público e industrias que consumen gas LP”.
Asimismo, previó que dicha aprobación por parte del Legislativo va a generar el ambiente necesario para retomar el crecimiento del empleo y las inversiones requeridas para garantizar el abasto de este vital producto para todos los mexicanos.
El punto de acuerdo, aprobado previamente por la Comisión de Seguridad Pública, dice en su único punto: “El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas, Municipales y Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo de manera coordinada, las acciones necesarias a fin de combatir los delitos relacionados con la sustracción de gas licuado de petróleo de duetos, vehículos, equipos o instalaciones, así como su comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio de procedencia ilícita”.