46% y las complicaciones del segundo piso

Leer las propuestas de gobierno de Claudia Sheinbaum en materia energética lleva a resaltar algunas cosas clave. Por ejemplo, con excepción de dar continuidad a Dos Bocas y “fortalecer a Pemex” –que debe ser algo parecido a lo de ahora, echarle nuestro dinero a raudales, pase lo que pase–, nada se dice del sector petrolero que, nos guste o no, es parte importante del ecosistema energético mexicano. No parece prever cambios en la forma de tomar decisiones en esa empresa, pero se habla de continuidad, o sea, mantener su dirección como en el actual sexenio. Se habla de poner en marcha los fertilizantes y la petroquímica, una promesa de este sexenio pero para nada se cumplió.

En materia eléctrica hay otra clave: si bien se habla de impulsar la transición energética (sin plantear un solo objetivo, excepto “ser ejemplo mundial”), todo parece estar supeditado a que los privados no superen el 46 por ciento de energía entregada a la red, mientras que el Estado permanecerá con el 54 por ciento, por lo menos.

Y aquí aparecen las dudas.

La misma lista de propuestas habla de que ya el Estado mexicano tiene el 56 por ciento de la participación del mercado. Para mantenerla, ahora los privados solo podrán invertir en capacidad de generación si, y solo si, la inversión pública en este rubro es ligeramente mayor que la de ellos; esto es, la proporción no es 1 a 1, sino un poco mayor en favor del Estado.

De no ser así, se estaría violando este principio espurio que pretende el gobierno de López Obrador. Y digo espurio porque este 54-46 no está en la Constitución, en ninguna ley, ni en ningún reglamento. De hecho es contrario al espíritu de la Constitución que ordena la libre concurrencia en los sectores de generación y suministro de energía. También es violatorio de los tratados comerciales que tiene México.

Pero regresemos a donde pueden llegar las limitaciones del 54-46.

Ese equilibrio, según el documento de las 100 propuestas de Sheinbaum, ya existe. Entonces, si ella gana la presidencia y usted quiere pedir un permiso de generación para un parque que entregue unos 164,250 MWh al año (un parque solar de 100 MW), deberá esperar a que el gobierno instale un parque de 117.4 MW. Y aquí viene lo complicado.

Si consideramos que habrá continuidad en la forma de hacer las cosas de este gobierno al siguiente y que el parque que se hizo en la central de abasto de la Ciudad de México tuvo un sobrecosto mayor al 100 por ciento, igual al sobrecosto con el que se construyó la central solar en Puerto Peñasco, entonces el parque solar de 100 MW que usted construya por unos 80 millones de dólares deberá esperar a que el gobierno tenga unos 187 millones de dólares para un parque que entregue 54 MWh por cada 46 MWh que usted entregue con su parque. Esto para no violar el deseo del 54-46 que sostiene a la propuesta presidencial.

Entonces cualquier proyecto privado estará supeditado a que el gobierno tenga poco más del doble de dinero que Usted para desarrollar un parque de generación. Eso significa que el Estado no deberá tener el 54 por ciento del capital que significan los 30 GW que se deben instalar de aquí a 2030 para cumplir con las metas de energía limpia, sino que el Estado deberá tener el 108 por ciento del capital, además del restante 46 por ciento que van a desarrollar los privados.

“Cualquier proyecto privado estará supeditado a que el gobierno tenga poco más del doble de dinero que Usted para desarrollar un parque de generación”.

Porque, ojo, se habla de continuar con las medidas como se hacen ahora, no se habla de hacer inversiones eficientes, ni transparentes, ni de bajar costos, ni de reducir emisiones, ni de implementar las mejores prácticas a nivel internacional, ni usar modelos del tipo de las subastas, ni mediante los mecanismos que sí ofrece la vigente Ley de la industria Eléctrica.

¿Tendrá dinero el gobierno para eso? O, ¿por eso los 100 puntos no tienen objetivos, sino solo promesas difusas?

Es pregunta.

Pero si es así, como lo proponen, el modelo de las 100 propuestas no conviene ni a México ni a la CFE, ni a los mexicanos, solo a los políticos que administren la CFE. Y a quien haga negocios con ellos.

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