Listas, reformas a la Ley de Hidrocarburos de AMLO

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de acuerdo con sus facultades, podrán suspender de manera temporal los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución, entre otras relacionadas, de petrolíferos e hidrocarburos ante “riesgos inminentes” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, según se desprende de las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, propone la ocupación temporal y la intervención en las instalaciones privadas, y su control y operación quedará en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas”, se lee en el Artículo 57 modificado.

Según el documento, dado a conocer este viernes y cuya copia posee Energía a Debate, el jefe del Ejecutivo plantea que en México existe una falta de mecanismos para garantizar el acceso a la energía en casos excepcionales, no atribuibles a los permisionarios, por lo que resulta esencial el papel que juegan las empresas productivas del Estado.

En ese contexto es importante que “las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, todas ellas actividades sujetas a los permisos que otorgue la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda”, expone López Obrador, en la iniciativa que ha circulado hoy.

Por ello, añade, “se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

De acuerdo con la visión de las reformas contenidas en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”, la transición energética que experimenta el mundo tendrá “importantes consecuencias geopolíticas” que podrán incidir en la capacidad del Estado mexicano para garantizar su seguridad energética y la estabilidad de las finanzas públicas, además de la economía nacional.

Estos riesgos, dice, ocurren con mayor frecuencia en los países que dependen de las exportaciones e importaciones de combustibles, como México.

Entre los riesgos que justificarían la suspensión de los permisos a los particulares, enlista: la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Por otro lado, en materia de almacenamiento de hidrocarburos, la iniciativa del presidente López Obrador también propone elevar a “rango legal” las disposiciones de la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, modificada en 2019.

“Con el objeto de elevar a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la mencionada Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, se propone establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a Particulares, con base en el Reglamento de la propia Ley de Hidrocarburos, esté sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, dice en su exposición.

Asimismo, plantea diversos supuestos por los cuales los permisionarios podrán perder sus permisos en caso de reincidencia o incumplimiento de varias disposiciones aplicables a los hidrocarburos y petrolíferos, entre ellas refiere todas las actividades relacionadas con el robo y comercialización ilícita de combustibles, la alteración en el volumen de combustible despachado en estaciones de servicio y en el precio.

La iniciativa también incluye la “negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos”. En el artículo 53 se propone modificar el sentido del silencio de la administración, para que en el supuesto de que haya transcurrido el plazo fijado para la expedición de los permisos sin que exista resolución expresa de la autoridad competente, en lugar de que se presuma que la solicitud respectiva ha sido aprobada, se entienda que la respuesta de la autoridad es en sentido negativo o desfavorable para el solicitante.

Santiago Arroyo, CEO de la empresa consultora especializada en el mercado de combustibles Ursus Energy Consulting, calificó la iniciativa como “monstruosa” y consideró que es una expropiación directa de las instalaciones de almacenamiento.

“Se plantea una reforma al artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, para hacer una #Expropiación directa de las instalaciones de almacenamiento, expendios (gasolineras), etc.”, expuso en su cuenta de Twitter. “Pero la edulcoran con ‘intervención’… como siempre, por ‘interés nacional”, agregó.

Debido a que el articulado no lo especifica, Arroyo también asegura que queda abierta la interpretación de en qué casos se debe ejercer lo señalado en el citado artículo. “Lo más interesante, la operación de esto va directo a Pemex”, consideró.

El también empresario gasolinero de la marca Ursus Energy interpretó esta iniciativa como una táctica para crear un “enemigo electoral”, un “enemigo maligno” y, además, va encaminada a destruir a las empresas y familias dedicadas al ramo de gasolinas.

La iniciativa con el proyecto de Decreto fue recibida este día por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho.