La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aceptó este martes una denuncia interpuesta por la empresa sonorense Blue Propane contra un grupo de compañías por realizar prácticas monopólicas en el mercado del gas licuado de petróleo (gas LP) en Baja California.
La compañía propiedad de Jorge Alberto Elías Retes, refirió que desde hace cinco años ha querido instalar diez estaciones expendedoras del energético en la ciudad de Tijuana pero no ha sido posible porque las empresas señaladas operan “una red de estrategias jurídicas, mediáticas y políticas que buscan establecer barreras a la competencia y la libre concurrencia, así como por incurrir en delitos contra la economía doméstica”.
De acuerdo con la denuncia de Blue Propane, se trata de los grupos empresariales Zeta Gas y Grupo Tomza, de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, además de autoridades estatales y municipales como la Secretaría Economía Sustentable y Turismo del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana y las asociaciones civiles “Retos y Logros Cumplidos” y “Por la Seguridad e Integridad de Tijuana”.
Asimismo, y de acuerdo con el representante legal del denunciante, Alan Jaramillo, las autoridades del municipio de Tijuana han sido cómplices de las empresas de la familia Zaragoza y han creado reglamentos que en la práctica estarían por encima de la legislación federal, “por lo que existiría una invasión del municipio a las competencias de la federación”, consideró.
“Desde hace más de cinco años comenzamos con el proceso jurídico para establecernos en Tijuana. Tenemos los permisos y declaratorias favorables de impacto ambiental y toda la documentación en regla para poder ser una opción diferente en el mercado del gas LP en Tijuana, pero curiosamente en esta ciudad los reglamentos municipales se han adecuado para generar proteccionismo a las empresas de la familia Zaragoza. Hoy ninguna gasera puede instalarse en la ciudad, porque los reglamentos locales simplemente hacen que el proceso sea imposible”, denunció.
De acuerdo con Blue Propane, estas prácticas desleales y monopólicas que también ha denunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, motivaron su anuncio de la creación de la empresa del Estado Gas Bienestar.
En su denuncia, la empresa sonorense manifestó también la existencia de supuestas organizaciones civiles que funcionan como brazo golpeador de Grupo Tomza y Zeta Gas, que utilizan para formular denuncias y amparos para evitar la llegada de nuevos competidores.
Por ello, solicitó a la Cofece a cargo de Alejandra Palacios Prieto que dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que investigue de dónde obtienen el financiamiento las asociaciones civiles como Retos y Logros Cumplidos y Por la Seguridad e Integridad de Tijuana, cuyas acciones no paran sólo en denuncias administrativas y penales, sino en la contratación de desplegados y notas periodísticas en medios de comunicación locales y nacionales.
Recordó que la Cofece ya tiene en curso tres investigaciones que podrían tener relación con la denuncia realizada por la empresa, en los expedientes DE-022-2017; DE-044-2018; DC-001-2021.
De igual forma, Blue Propane pidió la intervención de la Cofece para que pida a la CRE remitir e informar sobre el contenido del Expediente UH-250/127430/2019, sobre los permisos entregados a los diferentes integrantes de la familia Zaragoza.
“En noviembre pasado, una investigación periodística reveló que desde hace 20 años, en Baja California, 12 integrantes de la familia Zaragoza Fuentes controlan 58 permisos para el almacenamiento, expendio, distribución y transporte de gas licuado de petróleo, y los gobiernos federal y local no los han sancionado por el control que mantienen del mercado”, dijo la quejosa.
“Del total de permisos entregados en Baja California, y de acuerdo con actas notariadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como en bases de datos de la CRE, el 63% están vinculados a algún integrante de la familia Zaragoza”, concluyó.