Ulises Juárez / Energía a Debate
Organizaciones de la sociedad civil están por conformar una agenda climática con visión de Estado, la cual será presentada a los candidatos a la Presidencia de la República de cara al tercer y último debate que sostendrán el próximo 12 de junio.
Durante la sexta sesión del taller dirigido a medios de comunicación para explicar los puntos de dicha agenda, representantes del World Resources Institute (WRI México), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Iniciativa Climática de México (ICM) expusieron un diagnóstico y las rutas para la descarbonización de los sectores energético y del transporte. Esta iniciativa ha sido un esfuerzo que se ha venido trabajando desde 2017.
Adrián Fernández, director ejecutivo de ICM, señaló que la agenda que se presentará ante los aspirantes a la Presidencia del país contendrá doce puntos desglosados, con el fin de que los adopten en su totalidad o, en su caso, algunos de ellos.
“No es solo presentar estas propuestas, sino ofrecer a todos los candidatos que abracen estas propuestas. Si quieren incorporar todas o algunas de ellas, nuestras instituciones por supuesto de manera gratuita y desinteresada, estaremos ahí para ayudarles”, ofreció.
Dejó en claro que las instituciones no gubernamentales participantes en este ejercicio, además de no tener fines de lucro, también son ajenas a afiliaciones políticas.
“El IMCO, WRI México e Iniciativa Climática de México no solo son instituciones sin fines de lucro; algo más importante, son instituciones sin afiliación, ni vínculos ni sesgos partidistas”, puntualizó Fernández, quien agregó que la coalición de estos tres organismos ya ha tenido acercamientos con los equipos de trabajo de los candidatos.
Otro punto que resaltó el director ejecutivo de ICM fue el tema de la transparencia. Dijo que ya se ha solicitado una “reunión urgente” con los cuatro candidatos y destacó que se realizará de manera pública.
“Ciertamente todo lo que se haga con los grupos de los candidatos será público, no solo por transparencia, sino porque para las organizaciones de la sociedad civil, nuestro gran poder no es político, en buena medida se da a través de la transparencia, de que el mundo sepa lo que está pasando, que el mundo sepa cuáles son las propuestas”, aseguró.
Y añadió: “Que el mundo sepa y exija a los tomadores de decisiones, o a los que quieren serlo a futuro, a que se comprometan.”
En el taller, al exponer las rutas para alcanzar la descarbonización del sector energético del país, Daniel Chacón, director de Energía de ICM, dijo que en México tenemos un conflicto entre lo que llamó “la vieja escuela”, que basa la mayor parte de la generación eléctrica en el gas natural, y la “nueva escuela”, representada principalmente por los precios bajos de las energías renovables, derivados de las subastas eléctricas.
Comentó que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017 ? 2031, editado por la Secretaría de Energía (Sener), prevé que la capacidad instalada de los ciclos combinados aumentará de 28 mil 094 MW en 2017, a 44 mil 181 MW al final del periodo.
Consideró que lo anterior no ayuda a la contribución de México para que el sector se mantenga en la ruta de los 2 grados centígrados globales planteados a 2030. De hecho, dijo, en el caso de nuestro país se colocaría por encima de los 3 grados.
Asimismo, Chacón apuntó que el documento de la Sener no contempla la evolución de la generación distribuida.
Derivado de lo anterior, el especialista planteó un PRODESEN “modificado”, elaborado por ICM. En él se plantea el escenario en donde, si se da mayor impulso a las energías renovables, la aportación de México se lograría. Abundó en que si se reduce la capacidad instalada de los ciclos combinados a 26 mil 362 MW para 2031 y se incrementa la solar a gran escala a 40 mil 718 MW, se mitigarían 34 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) y se podrían ahorrar 17 mil 727 millones de pesos al año.
Si se incorporaran 14 mil MW de capacidad en generación distribuida fotovoltaica, añadió, la reducción de las emisiones subiría a 43 MtCO2e.
De la misma forma, con las modificaciones al PRODESEN, la meta de 35% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias para 2024 podría elevarse a 47%.
Por su parte, Inder Rivera, gerente de Energía Limpia en WRI México, retomó de la exposición de Chacón el dato de que el PRODESEN oficial marca como meta 7 GW (7 mil MW) de capacidad de generación limpia, cuando en realidad debería ser, para México, de alrededor de los 50 GW.
Agregó que los países que están incrementando exponencialmente su capacidad en fuentes renovables, como Japón, Alemania, Estados Unidos, China y recientemente India, lo hacen porque también crean empleos.
“Hoy en día, hay poco más de diez millones de empleos en materia de energía renovable. México solo tiene 70 mil”, resaltó Rivera. “No es de extrañarse siendo que en México la energía renovable es casi marginal”.
Posteriormente, Jone Obrea, especialista de Economía de Movilidad también en WRI México, expuso cinco puntos básicos para poder alcanzar la electrificación del transporte urbano, derivado de la experiencia internacional, especialmente de Chile.
En ellos se incluye una regularización y estandarización de los requerimientos tecnológicos para las unidades; el fomento y fortalecimiento del mercado de flotillas eléctricas; el impulso a la investigación y desarrollo de capital humano; el posicionamiento dentro de las políticas públicas relativas a la movilidad del transporte público como punta de lanza del proceso de electrificación del transporte en general, y la implementación de los primeros proyectos piloto, con participación pública que mitigue los riesgos de los proyectos.
Respecto al último punto, comentó que la apuesta gubernamental en China incluso contempla los subsidios al transporte electrificado y, por mencionar un dato, en ese país existen actualmente 200 millones de motocicletas eléctricas.
También dijo que actualmente más de 30 ciudades en todo el mundo tienen flotillas eléctricas y los países en donde se están implementando acciones y normatividad importantes para promover el uso de vehículos eléctricos son Argentina, Reino Unido, Noruega, Alemania y China.
De acuerdo con los especialistas pertenecientes a las tres organizaciones, la política de Estado contra el cambio climático debe basarse en seis principios:
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Maximizar el bien común.
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Estar basada en el conocimiento científico y técnico.
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Garantizar una visión de mediano y largo plazo.
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