Planea gobierno esquema fiscal simple y flexible para Pemex y CFE

El gobierno de México pondrá en marcha un esquema fiscal más simple y flexible para Petróleos Mexicanos (Pemex) y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, entre otras razones, reconozca la naturaleza cíclica y volátil de los ingresos petroleros.

Lo anterior se deriva del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2025-2030 publicado este jueves por la Presidencia de la República.

“Para el sector energético, se pondrá en marcha un marco fiscal más simple y flexible que permita una adecuada valoración de los activos públicos, una gestión eficiente del patrimonio del Estado y una planeación presupuestaria que reconozca la naturaleza cíclica y volátil de los ingresos petroleros”, indica el documento.

El Programa también establece que se dará seguimiento al desempeño de los ingresos propios de los organismos y de las empresas públicas estratégicas, promoviendo su viabilidad financiera de largo plazo y su contribución al desarrollo nacional.

Asimismo, adelanta que se seguirá impulsando la política de inversión pública centrada en infraestructura logística, energética, digital y social.

“Estas inversiones potenciarán el mercado interno, reducirán los costos de transacción, fortalecerán las cadenas de valor nacionales y posicionarán a México como destino confiable para la inversión productiva”, confía.

El documento, firmado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como por los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Púbico, Édgar Amador Zamora, y de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, indica que en él se presentan los objetivos, estrategias y líneas de acción a implementar por parte del sector hacendario, con el propósito de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, contribuir a una distribución más justa del ingreso y asegurar la estabilidad económica, fiscal y financiera del país en el mediano y largo plazo, en el marco de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030.

Grandes obras y estabilidad económica

El PRONAFIDE asegura que en los últimos años la economía mexicana ha demostrado solidez estructural y capacidad de adaptación frente a un entorno global complejo, apoyada en una renovada visión de política económica centrada en la equidad, la justicia social y el fortalecimiento del mercado interno.

“Desde 2019, el Estado mexicano ha retomado un papel protagónico como rector del desarrollo nacional, garantizando los derechos sociales de la población y canalizando recursos públicos hacia sectores estratégicos que fomentan la competitividad, promueven el desarrollo regional y corrigen rezagos sociales y regionales que habían limitado el potencial de crecimiento del país”, afirma.

Señala que la inversión pública ha sido una herramienta central para reequilibrar el crecimiento, particularmente mediante proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca.

“A esto se han sumado importantes obras en infraestructura logística -carreteras, puertos, aeropuertos y trenes- e infraestructura social -hospitales, escuelas y sistemas de agua potable- que no solo mejoran la conectividad y reducen los costos de transacción, sino que también inciden positivamente en la productividad laboral y el bienestar”, presume el documento.

En este sentido, agrega que se ha priorizado el fortalecimiento de la infraestructura energética y el aumento de la autosuficiencia nacional, en particular mediante el impulso a las empresas públicas del sector, el desarrollo de energías renovables y los esquemas de participación mixta que reduzcan la dependencia externa frente a disrupciones climáticas o geopolíticas.

“Este modelo de desarrollo con bienestar ha sido implementado con responsabilidad fiscal y prudencia macroeconómica, en un entorno donde la política de deuda se ha orientado a preservar la sostenibilidad mediante un perfil de financiamiento predominantemente en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, lo que ha reducido los riesgos cambiarios y de refinanciamiento”, sustenta.

Menos huachicol fiscal, más ingresos

Para incrementar los ingresos tributarios, entre otras acciones el gobierno federal contempla la reducción del contrabando de combustibles, conocido popularmente como “huachicol fiscal”.

“Se proyecta que en 2025 los ingresos tributarios representen el 65.7 % del total de los ingresos del sector público, superando en 5.4 puntos porcentuales el promedio del decenio anterior y consolidando una tendencia ascendente. Este desempeño estará apoyado por la continuación de acciones para mejorar el cumplimiento de la normatividad en materia fiscal, reducir el contrabando de combustibles, reforzar la vigilancia en aduanas y mejorar la fiscalización de plataformas digitales y comercio electrónico, sectores de creciente relevancia en la economía moderna”, propone el Programa.

Al respecto, asegura que la modernización de la administración tributaria seguirá siendo un pilar central de la política fiscal.

Por ello, establece acciones como continuar invirtiendo en herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos que faciliten el cumplimiento voluntario y eleven la eficiencia operativa.

En el ámbito aduanero, añade, se profundizará en la coordinación entre el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de despacho, fortalecer la trazabilidad del comercio exterior y aumentar la recaudación por esta vía.

Objetivos del PRONAFIDE

El Programa expone la visión y objetivos en cuanto al federalismo fiscal; el sistema de pensiones y del sector asegurador; el papel del sistema financiero y la banca de desarrollo, entre otros.

Todo lo anterior está contenido en seis objetivos:

1.- Mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal con un nivel de deuda sostenible en el largo plazo y aumentar la productividad económica del país.

2.- Fortalecer los ingresos tributarios y no tributarios del sector público presupuestario para impulsar el financiamiento de programas e inversión que contribuyan al desarrollo económico del país.

3.- Fomentar un gasto público eficiente y eficaz, mediante asignaciones y reasignaciones presupuestarias, de forma que las dependencias y entidades generen valor público y contribuyan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo nacional, considerando las restricciones de los recursos disponibles.

4.- Contribuir a la consolidación de la coordinación fiscal y la colaboración administrativa entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que cuenten con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población, y aumente la autonomía financiera estatal y municipal.

5.- Mejorar las pensiones de las personas trabajadoras sin menoscabar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y fortalecer la estrategia de gestión de riesgos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, así como la infraestructura y el patrimonio gubernamental.

6.- Impulsar el desarrollo de un sistema financiero más inclusivo, resiliente y sostenible, fortaleciendo su estabilidad, competencia y marco jurídico, para ampliar el acceso equitativo a servicios financieros, reducir brechas estructurales y mejorar la salud financiera de la población.