El deterioro de Pemex hace inaplazable la adopción de medidas que procuren su fortalecimiento, pero es difícil alcanzar consensos.
Sergio Benito Osorio*
Intentar analizar los posibilidades de un acuerdo legislativo sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), más allá de su complejidad, remite obligatoriamente a tratar de ver cómo han calado en la opinión pública las diversas estrategias puestas en práctica por las principales fuerzas políticas del país, en el entendido de que el objetivo de la reforma no se reduce simplemente a la modificación de procesos administrativos, sino que implica cambios de fondo en una de las instituciones de mayor simbolismo en el imaginario de la identidad nacional y también, efectivamente, de la mayor importancia para el desarrollo presente y futuro del país.
El esfuerzo de consulta que realiza el Poder Legislativo implica un acuerdo que fue precedido por un grave conflicto político y social que implicó la toma de las tribunas de la Cámara de Diputados y de Senadores durante 16 días por legisladores del Frente Amplio Opositor (FAP), ante la sospecha de que las iniciativas de reforma a Pemex, presentadas el 8 de abril por el Presidente de la República, iban a ser aprobadas sin discusión por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI).
Más allá del debate sobre lo que en realidad hubiese ocurrido sin la toma de las tribunas del Congreso, lo relevante políticamente ha sido el efecto social que generó la acción del FAP, pues son ampliamente conocidos los casos de “legislación al vapor” de temas con un amplio rechazo popular, como ocurrió con la reforma al régimen de pensiones de los trabajadores afiliados al ISSSTE.
El escenario en que se están llevando a cabo los foros en el Senado sería incompleto si no se toma en cuenta la extensa campaña de medios que instrumentó el gobierno federal durante los meses de marzo y abril, alrededor de la necesidad de aprovechar los grandes recursos petroleros ocultos en aguas profundas del Golfo de México (el “tesoro”).
La observación es relevante en tanto que la magnitud de la campaña publicitaria consolidó la percepción, en amplios sectores de la sociedad, de que el gobierno preparaba el terreno para enviar una iniciativa que abriría el sector petrolero a la inversión privada, rompiendo así no sólo un mito, sino una de las bases del acuerdo social que ha dado estabilidad política al país durante más de medio siglo, por lo que se activó una alerta más allá de los partidos políticos.
El crecimiento de la oposición a la iniciativa oficial fue registrado por diversas encuestas. Posiblemente la más destacada, por el seguimiento sistemático del tema, es la de GEA-ISA(1) correspondiente al pasado 7 y 8 de junio. Según los datos recabados por esta encuesta: en abril, el 68% de la población consultada consideraba que las reformas fortalecían a PEMEX, pero en junio esa opinión se redujo hasta el 46%; la percepción de que las reformas privatizan a Pemex creció del 36 al 47%, y el 38% de los interrogados considera que las iniciativas del presidente Calderón son violatorias de la constitución, mientras que el 33% piensan que la respetan y el 29% declaró no saber del tema.
Una primera conclusión sobre la evolución de la opinión pública pudiera ser que la campaña publicitaria del gobierno, que precedió a la presentación de las iniciativas, fracasó y que fortaleció a la oposición. Por supuesto, la toma de las tribunas del Congreso también afectó las posibilidades de los partidos políticos hacia las elecciones legislativas de 2009: el PRI se habría colocado en la delantera, seguido de cerca por el PAN, mientras el PRD habría sufrido un grave desgaste que lo relegaría al tercer lugar.
La atención a los elementos anteriores es indispensable porque han influido en las acciones y posiciones de las fuerzas políticas. Por ejemplo, el FAP se había propuesto como estrategia la oposición frontal a cualquier intento de reforma. Su objetivo era que el gobierno retirara sus iniciativas y había definido un plan de resistencia civil. Ahora, sin haber renunciado a la movilización, pretende presentar una propuesta para fortalecer a Pemex. El PRI ha se ha distanciado de la propuesta gubernamental y el propio gobierno ha seguido un perfil más bien bajo en la promoción de su propuesta (por ejemplo, es de destacar la ausencia de funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Energía en el seguimiento del debate).
En este escenario ¿cuáles podrían ser las posibilidades de acuerdo legislativo? Los temas centrales de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal pudieran sintetizarse en los siguientes puntos:
? Establecer como prioridad la exploración y explotación petrolera en aguas profundas de la región norte del Golfo de México.
? Flexibilizar la contratación de terceros para la exploración y extracción de hidrocarburos, a través de contratos de servicios incentivados.
? Permitir la inversión privada en los procesos de refinación y en el sistema de ductos y almacenamiento de petrolíferos.
?Ampliar la autonomía presupuestal de Pemex.
?Modificar el régimen fiscal de Pemex, reduciendo los derechos en la extracción en aguas profundas.
? Reformar el gobierno interior de Pemex a través de la incorporación de consejeros ciudadanos.
?Crear una Comisión del Petróleo para administrar las reservas, las plataformas de extracción y exportación de petróleo, así como para apoyar a la Secretaría de Energía en la supervisión de los trabajos petroleros.
? Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía para que pueda regular la venta de primera mano de petrolíferos y petroquímicos.
La participación de Beatriz Paredes, presidenta del PRI, y de Cuauhtémoc Cárdenas fue enfática en su oposición al esquema de maquila en refinación y a los contratos de riesgo. Esta coincidencia, que se mantuvo en otros foros, abre el espacio a una posible convergencia para estructurar una propuesta alternativa, la cual ?si se centra en los temas de autonomía presupuestal, régimen fiscal, gobierno interior y en la constitución de un organismo de planeación de las reservas y supervisión técnica de los trabajos petroleros? pudiera avanzar en primera instancia, en la medida en que dejaría a un lado el conflicto sobre la participación de la inversión privada. En un segundo momento, incluso podría extenderse hacia la flexibilización de los sistemas de contratación, si se logra acotar la discrecionalidad que se pretende, en este tema, dentro de los proyectos del Ejecutivo Federal.
Queda, por supuesto, la decisión que pueda tomar el presidente Calderón y su partido. Cabe recordar que el PAN tiene 52 de 128 senadores; el PVEM, que ha expresado su respaldo mesurado a las iniciativas, dispone de 6 senadores; mientras que el PRI tiene 33 y los partidos que integran el FAP tienen 36. Sin embargo, aún cuando en el Senado es aritméticamente viable que el PAN pudiese ganar una votación, quedaría pendiente el trámite en la Cámara de Diputados, donde el PAN tiene 207 diputados y requeriría poco más de 40 votos que no alcanzarían a sumar sus aliados inmediatos.
Por otra parte, el PRD y el FAP han ido posicionando un tema que ha tenido éxito en la opinión pública y que puede resultar definitivo para disuadir una estrategia de hacer pasar el tema, a cualquier costo, en el Congreso. El tema es la consulta ciudadana de la reforma a Pemex.
La encuesta de GEA-ISA registra que el 76% de la población preferiría que se realizara una consulta para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con las iniciativas del presidente Calderón. También registra que el 50 % votaría en contra, si se realizara la consulta. Así, el tema de las reformas a Pemex, propuestas por el presidente Calderón, se pudiera convertir en un asunto de juicio temprano al gobierno de Calderón, que podría contaminar la posición electoral de su partido el próximo año.
Finalmente, creo que los foros que ha organizado el Senado han consolidado el consenso de que la situación de deterioro de Pemex hace inaplazable la adopción de medidas concretas que procuren su fortalecimiento. Creo que ese resultado, de consolidarse al final en la votación de transformaciones legales concretas, aportaría un gran beneficio a la sociedad.
(Pié de nota)
(1) “Tercera encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma de la legislación para el sector petrolero”, junio 7-8, 2008.
*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura, y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energía.org.mx, (sosorir@hotmail.com ).