Los partidos llegan a Pemex

Intervinieron en la designación de los consejeros profesionales.

Sergio Benito Osorio Romero *

El pasado 28 de octubre, el Congreso de la Unión votó un conjunto de nuevas leyes que dan a Petróleos Mexicanos un esquema jurídico de mayor flexibilidad para la explotación de los hidrocarburos. Fue un proceso legislativo notable por el amplio consenso que pudieron lograr los distintos partidos y actores políticos representados. Sin embargo, de manera inexplicable, las primeras acciones ordenadas para transformar a Pemex fueron retrasadas hasta rebasar los plazos legalmente previstos.

El Ejecutivo Federal promulgó con retraso las leyes votadas por el Congreso y hasta el 23 de febrero envió al Senado de la República la propuesta de consejeros profesionales que deben integrarse al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. No es un asunto banal y sin repercusiones. Por el contrario, el retraso en la integración del nuevo órgano de gobierno de la principal empresa del país acentúa la improvisación y las dificultades de programación que la caracterizan.

Hay tres aspectos que vale la pena señalar. El primero de ellos está relacionado con un elemento esencial: el cumplimiento de la ley. El artículo 72 Constitucional establece en su inciso B: ? “Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles ?”. En el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados votó el 28 de octubre y remitió al Ejecutivo el conjunto de leyes al día siguiente, por lo que su publicación (o veto) debió ocurrir a más tardar el 14 de noviembre. Sin embargo, aparecieron en el Diario Oficial hasta el 28 del mismo mes. Como la Constitución no establece penalidad alguna, el Ejecutivo Federal incurre con frecuencia en la violación de los plazos.

Por otra parte, el artículo cuarto transitorio de la Ley de Pemex obliga al Ejecutivo Federal a enviar al Senado o Comisión Permanente los nombramientos de los cuatro consejeros profesionales que se integrarán al Consejo de Administración dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la Ley. Esto debió ocurrir el 14 de enero, pero acumuló un retraso superior a un mes, con implicaciones que van más allá de lo legal e impactarán el funcionamiento de Pemex.

De acuerdo a la nueva Ley, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos deberá (entre otras cosas) operar una reorganización de las subsidiarias y filiales, con un nuevo reglamento, antes de la primera quincena de agosto, y sentar las bases de una programación y operación presupuestal diferente y de un nuevo esquema de contratación. Asimismo, deberá construir una relación con los proveedores mexicanos de bienes y servicios que aumente progresivamente el contenido nacional en los proyectos de Pemex. Existen plazos para crear y operar fondos financieros que fomenten la participación de las empresas mexicanas, etc. Es posible que alguien concluya sentenciado que todo ello será simplemente pospuesto, pero existen cruces con otros calendarios que difícilmente pueden dejar de cumplirse. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda debe entregar el 30 de junio a la Cámara de Diputados⁽¹⁾ el proyecto de estructura programática del gasto federal donde debe aparecer la nueva estructura de Pemex.

Todo indicaría que el retraso de la propuesta presidencial sobre los consejeros profesionales de Pemex se relacionó con la negociación de posiciones entre el gobierno y los partidos políticos. Sin embargo, se habrán reducido los márgenes para que los nuevos consejeros, en primer lugar, se organicen a sí mismos en los comités que tendrá el nuevo Consejo de Administración y para que, en tres meses, puedan aprobar proyectos presupuestales como la nueva refinería o los proyectos de exploración y producción que se han de llevar a cabo en los próximos años.

La Gaceta del Senado de la República del pasado 24 de febrero da a conocer la propuesta de consejeros⁽²⁾. Más allá de sus características personales, el hecho es que por primera vez el Consejo de Pemex incluirá funcionarios propuestos directamente por los partidos políticos, que se sumarán a los representantes del sindicato (cinco) y a los designados directamente por el presidente de la República (seis). Esta modalidad no prevista en la ley, que ocurre por necesidad política derivada de la falta de mayoría del partido en el gobierno, no por fuerza tendrá que ser negativa, pero requiere ser explícita por parte de los partidos y el gobierno.

La participación de los partidos políticos en la designación de altos funcionarios públicos no es nueva. Quizá el caso del IFE sea el más conocido, pero de hecho no hay cargo público que pase por la decisión del Congreso en que los partidos se mantengan al margen de incorporar a sus cuadros o afines. El PRI tiene una larga experiencia en esta materia. Creo que es positivo que los principales partidos tengan el deseo de asumir corresponsabilidad de gobierno en un esfuerzo de racionalidad política, aún cuando el sistema político mexicano está muy lejos de ser un régimen parlamentario.

Sin embargo, la corresponsabilidad de gobierno sólo se puede dar en la medida en que explícitamente se pueda compartir un proyecto, en este caso, de política petrolera. Habrá que preguntarse: ¿Existe el acuerdo para que PAN, PRD y PRI integren una nueva política petrolera? ¿Cuáles son las líneas principales de ese proyecto? Las preguntas son pertinentes porque la reforma petrolera votada por el Congreso constituye un esquema jurídico de funcionamiento y de él no se desprende forzosamente un acuerdo político para conducir la industria petrolera del país que, por otra parte, sí debería construirse de cara a la sociedad.

Si la participación de los partidos políticos en entes tan especializados como el Consejo de Pemex no se da con base en proyectos de políticas públicas claramente definidos, entonces se cae en el riesgo de un ejercicio pragmático del poder personal de los dirigentes que poco tendría que ver con el anhelo democrático y de participación civilizada que debería caracterizar la evolución del sistema político mexicano. De hecho, para el PRD, su participación en el Consejo de Pemex muestra la inflexión de una línea que se había caracterizado por su radicalidad y por no querer participar en ningún ámbito del gobierno federal. Podría ser el inicio de una actitud positiva, pero que requiere aclararse y fundarse frente a la sociedad, para no quedar sólo como una adhesión acrítica.

El nuevo Consejo de Pemex tendrá que ser juzgado, al tiempo, por sus propios méritos o fracasos, pero el retraso en la creación de las nuevas instituciones de la industria petrolera va a reducir la capacidad de intervención del Consejo. Pensar que dos o tres meses no son importantes en un ejercicio de gobierno sexenal o para la explotación petrolera, puede adquirir razón si se parte de la idea de que lo que cuenta es mantener la inercia. Si esta última fuese la visión que se impusiera, entonces la Reforma Petrolera, con toda la algarabía que provocó, tendrá un impacto muy reducido para una administración que ya entra en su segunda mitad y en un escenario macroeconómico recesivo. ?

Notas:
⁽¹⁾ Artículo 42, II, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
⁽²⁾ Fluvio César Ruíz Alarcón para un periodo de tres años; Rogelio Gasca Neri para cuatro años; Héctor Moreira Rodríguez para cinco años y José Fortunato Álvarez Enríquez para un periodo de seis años.

*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com )