Energía A Debate

Ulises Juárez / Energía a Debate

Por el momento no existen incentivos para que distribuidores ilegales de gas licuado de petróleo se pasen a la formalidad, reconocieron esta mañana representantes de la industria.

Las asociaciones de distribuidores de gas LP volvieron a hacer un llamado a las autoridades del país para que se ataque el problema del robo de combustible y la distribución informal del mismo, debido a que estas actividades ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, su personal y hogares cercanos a las instalaciones en donde se maneja el gas de manera clandestina.

Jaime Ayala, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEGAS), y Luis Landeros Martínez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (ADG), reconocieron en conferencia de prensa que por el momento no existen incentivos para que quienes realizan ilícitamente esta actividad se pasen a la formalidad, pese a que las autoridades ya han hecho esfuerzos en ese sentido.

“La Comisión Reguladora de Energía, en el entendido de tratar de formalizar esta distribución informal, lanzó el Permiso de distribución por pipa precisamente para facilitarles la legalidad a todas estas pipas que ahorita andan informales; sin embargo, este permiso no ha tenido mucho éxito, precisamente porque ahora a la distribución informal le conviene más estar en la informalidad”, explicó Landeros Martínez.

Por ello, agregó, tendría que haber un costo muy alto de ser informal para que convenga pagar impuestos, pagar los seguros, cumplir con la regulación y los dictámenes, y tener todo el equipo al día, añadió. “Esto es muy caro y esta distribución informal ahorita no tiene la necesidad de hacerlo”, concluyó.

Refirieron que actualmente el robo de combustible representa para toda la industria pérdidas por 1,100 millones de pesos mensuales, de los cuales 70 por ciento corresponde a Petróleos Mexicanos, principalmente por el robo en ductos, y el restante 30 por ciento a las empresas particulares, debido al robo de trailers, pipas y camiones cilindreros.

Especificaron que de ese monto, tan solo en el llamado “triángulo rojo”, conformado por los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, las pérdidas ascienden a los 460 millones y, más concretamente, la entidad poblana concentra 65 millones de pesos en pérdidas.

Traducido a volúmenes de gas LP, a nivel nacional se pierden mensualmente alrededor de 58 mil toneladas. De ellas, 23 corresponden a la Zona Centro del país y aproximadamente 8 mil toneladas se pierden únicamente en Puebla.

En mayo pasado, la AMEXGAS ya había hecho un llamado público a las autoridades para tomar medidas contra este problema. En esta ocasión, más asociaciones se sumaron al llamado a la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a autoridades en general para llevar a cabo acciones más efectivas.

De 2017 a la fecha, recordaron, les han sido hurtados alrededor de 200 camiones, de los cuales solo han podido recuperar el 10 por ciento.

“Es un tema que hemos estado reiterando a las diferentes autoridades en el transcurso del tiempo y que definitivamente el crecimiento que ha habido en este problema implica que las medidas que se han estado haciendo, incluyendo la regulación, que trata precisamente de controlar este problema, no han sido muy efectivas”, externaron los representantes del sector.

“Por lo tanto ?dijeron?, requerimos hacer algo más eficiente, algo más estricto, para nosotros poder avanzar y controlar este tema porque es un tema de seguridad y es un tema que nos atañe prácticamente a todos los consumidores del país”.

Enlistaron las tomas clandestinas identificadas en las entidades en donde más se presenta el ilícito: Estado de México 178; Puebla 248; Querétaro 97; Guanajuato 44; Jalisco 44; Hidalgo 28; Tlaxcala 33 y Veracruz 25, según datos de Pemex.

En representación de las 400 empresas que realizan actividades de distribución del gas, los dirigentes de las asociaciones manifestaron que en el problema debe haber un tema de corrupción, además de que han buscado a los integrantes de la nueva administración para tratar el asunto.

“Debe haber el tema corrupción involucrado en esto para que pueda ser tan fácil vender gas ilícito”, consideró Landeros, quien agregó: “En ese sentido, estamos buscando acercarnos al nuevo gobierno, al nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de trabajo, en particular a la futura secretaria Rocío Nahle, para que nos sentemos como industria del gas con ellos y podemos establecer cuáles van a ser las medidas dentro de nuestro pliego petitorio para poder atacar este problema de gas robado”.

Por último, los empresarios gaseros explicaron que no pueden trasladar el costo de las pérdidas al precio de venta para los usuarios finales, debido a que el combustible se encarecería y perderían competitividad, ya que de por sí, añadieron, el precio del gas de procedencia ilícita ya se encuentra más o menos 50 por ciento por debajo del regulado.

Algunas cifras

58 mil toneladas de gas LP robadas mensualmente a nivel nacional.
2 millones 320 mil servicios de distribución ilegales mensuales nacional.
56.3% aumentó el robo en el “triángulo rojo” de mayo a agosto 2018.
Pérdidas en el “triángulo rojo” pasaron de 40 millones de pesos a 62 millones 521 mil 200 pesos en el mismo periodo.

(Fuente: AMEXGAS)