Opinan jóvenes sobre la Ley de la Industria Eléctrica

Las presentes organizaciones consideramos que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es negativa para el medio ambiente, la salud y el combate al cambio climático.

Iniciativas como la propuesta para modificar la LIE, dejan claro que no hay suficiente compromiso por parte del gobierno para dar cumplimiento a las metas energías limpias, establecidas en la ley mexicana y nuestros los compromisos internacionales como el Acuerdo de París.

Las acciones con miradas cortoplacistas que se quieren llevar a cabo implican un retroceso para atender la crisis climática y ponen en peligro el presente y futuro de millones de jóvenes, niñas y niños mexicanos. No podemos seguir viviendo bajo la ilusión de que podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles, ya que no es sostenible en materia económica, de salud, ni de medio ambiente.

En particular, la iniciativa para modificar la Ley de Industria Eléctrica que el presidente López Obrador propone, deja en claro la falta de visión en el tema de sustentabilidad por parte del gobierno. Las modificaciones planteadas afectan varios aspectos que nos preocupan a los y las jóvenes en temas legales, económicos, sociales y de cambio climático:

1. De aprobarse las modificaciones propuestas, el gobierno mexicano incumpliría con acuerdos internacionales plasmados en la legislación nacional como el Acuerdo de París, cuyas metas son parte de la Ley General de Cambio Climático y, al ser un tratado internacional, la Constitución le brinda carácter jerárquico por lo que su incumplimiento sería incluso, anticonstitucional; el sector energético es actualmente la segunda fuente de emisiones más importante del país (después del transporte) por lo que las políticas del sector son esenciales para el cumplimiento de mitigación de México, plasmado en el Acuerdo. Asimismo, las modificaciones impedirían alcanzar el objetivo de generar 35% de energía limpia para el 2024, establecido en la Ley de Transición Energética.
2. La suspensión de las subastas y la modificación de los contratos legados y derechos de transmisión provocan el establecimiento de un tipo de monopolio que, ante la falta de diversificación en generación de energía, implicaría un aumento en los precios de la misma, pues la CFE podrá dar preferencia de suministro de electricidad a generadores de energía con tecnologías menos costo-eficientes y más contaminantes. Este monopolio, controlado por el estado, implica la obligación para las mexicanas y los mexicanos de comprar energía más cara y contaminante.
3. Expuesto lo anterior, las consecuencias sociales de esta modificación pueden ser muy graves para muchas mexicanas y mexicanos que ya viven en condiciones de rezago y vulnerabilidad; si la matriz energética no está diversificada la red puede desestabilizarse y los precios para el consumidor final se elevarán, haciendo la energía inaccesible muchas personas, esto es, sin más: una injusticia energética. Además, no se toma en cuenta el impacto negativo hacia las personas que aún carecen de acceso a electricidad y también habría restricciones para la auto-generación de energía. El sector privado juega un rol importante para evitar que esto suceda, ya que impulsa la energización, el autoconsumo y la independencia de la red eléctrica nacional. Esta ley busca subvencionar a CFE para mantenerse activa, desechando planes y acciones del sector privado y sociedad civil.

¿Cómo nos afectan estos aspectos a las juventudes de México?

Existe evidencia irrefutable sobre las emisiones contaminantes por la generación de energía basada en combustibles fósiles, promovida por la iniciativa del presidente. El incremento de la presencia de contaminantes en el aire viola el derecho humano a un medio ambiente sano y nos deja a los y las jóvenes en un escenario de un futuro incierto; las acciones de nuestros gobernantes, son una injusticia ambiental y social para todas las personas, pero en particular para quienes enfrentamos las peores consecuencias de sus decisiones.

Este tipo de iniciativas nos roba nuestro futuro; el aumento de gases de efecto invernadero presenta una amenaza a la salud y seguridad de todos y todas; si se le quita la oportunidad de abastecer energía a los proyectos de energías renovables, que son más limpios y sostenibles a largo plazo. Las implicaciones económicas de la iniciativa son cruciales también; si sube el precio de la electricidad, por lo tanto sube el precio de otros servicios, lo que supone incertidumbre económica para nuestra generación.

Existe también, una falta, pero también una oportunidad, de fomentar la participación ciudadana y, en especial, de las juventudes ante el tema. Es momento de que nuestros representantes consideran que debemos ser parte de la decisión final ya que, nuestras voces no están siendo escuchadas, incluso cuando esa decisión afectará directamente nuestro bienestar y nuestro futuro. Sentimos una sensación de impotencia ante el difícil camino para lograr un cambio hacia un México sustentable y sano.

Como jóvenes, creemos que la esperanza sigue viva y hay muchas cosas que podemos hacer todos y todas, en conjunto, para combatir el cambio climático. Estas acciones deben incluir la participación y colaboración de todos los sectores de la población y los cambios se deben realizar a nivel gobierno, sector privado y sociedad civil.

Exigimos una promoción de energías limpias y presupuesto para la transición energética, ¡ya basta de promesas vacías! El gobierno debe hacer compromisos más ambiciosos y cumplirlos; los tomadores de decisiones deben estar capacitados y sensibilizados ante el tema de cambio climático. Para esto, se deben abrir más espacios en la agenda pública y política para que la ciudadanía y la academia puedan tener un diálogo directo con los diputados, senadores y otros tomadores de decisión.

Nosotros, los y las jóvenes de México, consideramos que el legislativo debe rechazar la iniciativa y generar avances hacia una transición energética justa e incluyente. Toda vez que los hechos son irrefutables: las energías renovables no sólo son más viables para salvar el planeta; también son una herramienta para una economía y sociedad más justa y equitativa. Exigimos además transparencia y un análisis exhaustivo en la toma de decisiones y no más promesas vacías. El presidente debe declarar la emergencia climática para el país y tomar acciones acordes e inmediatas para frenar la crisis climática.

Los procesos energéticos deben ser democratizados y la ciudadanía tiene el derecho a tener información clara y transparente de las consecuencias reales de las decisiones del gobierno. Nos deben asegurar el derecho a la participación en la toma de decisiones para incentivar la transición energética inclusiva y abandonar los combustibles fósiles. La ciudadanía y juventudes de todos los sectores, urbanas y rurales, así como comunidades vulnerables deben ser también incluidas. Es hora de que el gobierno demuestre que la salud de los y las mexicanos y mexicanas y la protección al ambiente es más importante que los intereses económicos.

Diputadas, diputados, senadoras y senadores; esperamos que estén a la altura de estos retos y que escuchen nuestra voz. Voten con bases éticas y técnicas en favor del interés público y no sólo de posiciones ideológicas sin fundamento. Daremos seguimiento puntual a la posición y votación de cada legislador y partido político con respecto a esta Ley. El futuro de las infancias, juventudes y de las generaciones futuras está en sus manos, no nos defrauden.

Atentamente:

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