Piden a la SCJN atraer caso contra Eólica del Sur en Juchitán

Redacción / Energía a Debate

Indígenas zapotecos representantes de pueblos y comunidades de Juchitán, en el estado de Oaxaca, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo presentado por más de mil miembros de su comunidad, en el que se solicita la cancelación del proyecto Eólica del Sur, toda vez que no existió un proceso de consulta conforme a los estándares internacionales del derecho de los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa, acompañado por organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Carlos Sampedro de la Red Nacional de Resistencia Civil, el abogado del caso, Ricardo Lagunes, explicó que actualmente la SCJN se encuentra analizando si atrae el amparo en revisión, con número Amparo 454/2016, en el que se documentó que no existió una consulta de conformidad a los estándares internacionales.

Lagunes expuso que las autoridades simularon “consultar” dentro del marco de un proceso de asambleas informativas, no obstante que antes del inicio y durante el proceso informativo se emitieron los permisos federales a la empresa eólica. Aunado a lo anterior, dijo, el proceso informativo no se hizo de buena fe, con información incompleta, ni de forma culturalmente adecuada, presentándose diversas agresiones, amenazas e intimidaciones en contra de la comunidad.

“Urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso ya que es de gran relevancia empezar a definir el contenido y aplicación del carácter previo del derecho a la consulta como un derecho que busca proteger derechos esenciales para la preservación de la vida e integridad cultural de las comunidades indígenas en México, así como los efectos por su violación”, señaló Lagunes.

El abogado recordó que el pasado 5 de abril, el Ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, hizo suya la petición de atracción y hasta el momento está pendiente la deliberación de la Primera Sala sobre la propuesta que haga el Ministro al respecto.

Las organizaciones civiles que acompañan el caso también recordaron que el 9 de junio de 2016, el Juez Séptimo de Distrito en Salina Cruz Oaxaca, Carlos Alberto Osogobio Barón, decidió sobreseer y negar el amparo a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán. Fue por ello que más de mil indígenas zapotecos decidieron recurrir la sentencia y solicitar la atracción del caso a la SCJN, con el objetivo de que se cancelen los permisos otorgados a Eólica del Sur, por violar sus derechos a la consulta y el consentimiento, a la libre determinación y al territorio. Asimismo, buscan sentar un precedente que reduzca la criminalización contra defensores indígenas que se ha vivido en la región del Istmo de Tehuantepec desde el arribo de más de veinte parques eólicos.

Por su parte, Bettina Cruz, representante común de los quejosos y líder comunitaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, denunció que la comunidad indígena zapoteca sigue viviendo en una situación de riesgo, derivada del incremento de las amenazas, agresiones y asesinatos de los defensores comunitarios y quejosos en la región el Istmo. Mencionó que en meses pasados fue asesinado uno de sus compañeros y que por el hecho de haber firmado el amparo están siendo intimidados tanto por las autoridades como por representantes de la empresa.

Las amenazas se han dirigido también de forma directa contra ella como defensora de derechos humanos y también contra el maestro Rodrigo Peñaloza, también defensor del territorio. Esta situación se ha incrementado en las últimas semanas. Razón por la cual, solicita a la SCJN la pronta atracción del caso.

Igualmente mencionaron que, ante los anuncios recientes del Gobernador de Oaxaca y de la empresa Eólica del Sur, de toda la derrama de inversión y supuestos beneficios que traerá el proyecto, que el caso sigue en litigio y hay que esperar un veredicto en lugar de estar haciendo este tipo de anuncios que pretenden sembrar la idea que la construcción del parque eólico es ya inminente. En este sentido, advertimos a los inversionistas, como Mitsubishi, que están poniendo su dinero en un proyecto que está bajo proceso judicial y que vulnera derechos humanos.