Redacción / Energía a Debate
Se han presentado en lo que va de la LXIV Legislatura siete iniciativas de reforma a diversos ordenamientos con el objetivo de prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos o “huachicoleo”, pero ninguna ha sido dictaminado en comisiones.
Ya antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el Plan Conjunto para combatir el Robo de Hidrocarburos, los legisladores ya habían manifestado su intención de endurecer las penas por ese delito.
El PRI, el PAN y Encuentro Social (PES) han propuesto, por separado, una reforma al Artículo 19 Constitucional, a fin de que el Ministerio Público le pueda solicitar a un juez la prisión preventiva por el delito de robo, transporte y venta ilegal de hidrocarburos. Las iniciativas siguen sin dictaminar y la única minuta aprobada, y que fue turnada por el Senado, permite la extinción de dominio a bienes de la delincuencia para este tipo de delito.
Si bien la Secretaría de Haciendo ha calculado en mil millones de dólares anuales las pérdidas por dichos robos, el Presidente López Obrador tuvo una estimación mucho más alta al calcularlas en 200 millones de pesos por día en el caso de gasolinas de Pemex. El año pasado se robaron al día el equivalente a 600 pipas de combustible, según López Obrador. Tratándose de 15 mil litros por pipa, las pérdidas suman 200 millones de pesos diarios.
El Presidente también anunció que se intervino el sistema de monitoreo de ductos de Pemex, se fincaron responsabilidades contra tres funcionarios de alto nivel de dicha empresa estatal y se puso en marcha un Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, que opera en forma interinstitucional con la cooperación de 15 dependencias federales desde el 21 de diciembre pasado.