La EVIS, inicio de una gestión social sana: gmi Consulting

Redacción / Energía a Debate

La Evaluación de Impacto Social (EVIS) es el inicio de una gestión social comunitaria sana y el primer acercamiento de las empresas con las comunidades que les permitirá operar su proyecto pacíficamente, asegura María de las Nieves García-Manzano, directora general de gmi Consulting.

Por ello, la consultora recomienda de manera contundente: “no le tengan miedo a las comunidades”, al tiempo que destaca la importancia de que las empresas perciban a la EVIS como una herramienta de información estratégica para la toma de decisiones, de manera que no deben verla como un mero trámite a presentar ante la Secretaría de Energía (Sener).

“Es el inicio de una gestión social que le brinda información sumamente valiosa a las empresas cuando es bien realizada”, afirma la directiva de la empresa especializada en gestión social, ambiental y de infraestructura.

Considera que las empresas del sector deben atenerse a los protocolos de mejores prácticas internacionales en la materia y explicó que la EVIS proporciona a las empresas información de campo que les permite conocer la situación de un lugar en específico y reconocer incluso a miembros de la delincuencia organizada: “solo así nos damos cuenta, pues hay antropólogos y sociólogos viviendo en esas comunidades”.

En su calidad de especialista, García-Manzano puntualiza en que la empresa consultora se centra en la identificación de conflictos sociales potenciales, “por ejemplo, el origen del agua con el que va a ser lavado un panel solar puede disminuir la cantidad de agua que hay para consumo en una comunidad determinada”, y sentencia: “la propia empresa no sabe que puede detonar en un conflicto social”.

Asimismo, detalla que la Consulta Indígena no es exclusiva para los proyectos de Energía, sino que podría aplicarse en cualquier proyecto de infraestructura. “El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) marcan que de los 2 mil 456 municipios que hay en el país, solo en 32 no hay componentes indígenas”.

La consulta indígena, añade, es un procedimiento de negociación y el Estado Mexicano garantiza su realización, “pero exige también un cambio de mentalidad tanto para las comunidades como para las empresas. En el caso de las comunidades, ellos deben saber que tienen derecho a estar informados”.

En el caso de los proyectos solares, por ejemplo, García-Manzano destaca que, aunque son muy amigables y sus impactos son menores, es importante para las empresas prevenir y mitigar aquellos que puedan surgir por el proyecto. “Uno de los impactos más comunes es sobre el paisaje, y es obligatorio informar a la comunidad que habría una afectación y minimizar el impacto lo más posible”.