Accidentes en Pemex y el papel de la ASEA

En diversas instalaciones de Pemex se ha registrado una sucesión de accidentes que ha culminado con el incendio en la plataforma E-Ku A2, ubicada en el complejo productor de Ku-Maloob-Zap, el más importante del país. Este accidente, ocurrido el 23 de agosto, afectó la operación de 125 pozos y disminuyó la producción en 421 mil barriles diarios: casi una cuarta parte de la producción total de Pemex. La producción se restableció ocho días después.

En su más reciente Informe Anual, la petrolera consigna que en 2020, el índice de frecuencia de accidentes incapacitantes por millón de horas-hombre trabajadas fue de 0.24, el menor en los últimos diez años. De igual forma, el índice de gravedad, que mide los días de incapacidad por millón de horas-hombre trabajadas, se situó en 12 días perdidos: el mínimo de la década

Sin embargo, de acuerdo con el Reporte de Resultados de Pemex del segundo trimestre de 2021, el índice que mide el número de accidentes incapacitantes de los trabajadores empeoró notablemente al pasar de 0.15 a 0.36, entre el segundo trimestre de 2020 y el de 2021. En consonancia con el severo deterioro del índice anterior, el total de días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas pasó de 5 a 21 días en ese mismo lapso.

“Mientras la seguridad industrial y la protección ambiental estén, en términos políticos, institucionales y administrativos, supeditadas a las metas de producción, seguirán por definición siendo muy altos los riesgos operativos. Este puede ser un buen momento para revisar esta parte de la arquitectura institucional surgida de la reforma energética”.

Amén de las insuficiencias presupuestales para mantenimiento, el origen de este incremento en la inseguridad se puede encontrar en un diseño institucional inadecuado.

En el plano institucional, sin ninguna explicación funcional plausible y en contraste con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que fueron definidos como órganos descentralizados y autónomos del Estado, en la reforma energética de 2013 y 2014 se estableció que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), responsable de regular a la industria petrolera en materia de seguridad industrial y protección ambiental, fuera un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En consecuencia, mientras que la CRE y la CNH son dirigidas por sendos órganos de gobierno compuestos por siete comisionados escogidos por mayoría calificada del Senado, de entre las ternas respectivas enviadas por el Presidente de la República, la ASEA es encabezada por un Director Ejecutivo, nombrado directamente por el Jefe del Ejecutivo Federal a propuesta del titular de la Semarnat.

Además de su falta de autonomía, a la ASEA se le encomendó también la responsabilidad de supervisar a las casi 13,000 gasolineras existentes en México, tarea que antes recaía en las instancias ambientales de cada una de las 32 entidades federativas del país. Esta responsabilidad desnaturaliza la razón de ser, el origen y el objetivo de un organismo que, en principio, nació para que justamente la regulación en materia ambiental y de seguridad industrial fuera tan relevante como la relacionada con la de la actividad petrolera y de transformación industrial, propiamente hablando.

La fragilidad relativa de la ASEA frente a los diversos actores del sector hidrocarburos ha implicado que prevalezca de facto una cierta autorregulación de dichos actores. Esto es particularmente claro en relación con Pemex, cuyo volumen de extracción, hoy por hoy, representa poco menos del 99% del total del petróleo crudo producido en México. La importancia de la producción de la empresa estatal es un factor que debilita aún más la capacidad regulatoria y sancionadora de la ASEA. Una muestra de esto último es que tras el accidente del 2 de julio en el ducto marino de la Sonda de Campeche, el Director de la ASEA declaró públicamente que Pemex no tenía responsabilidad alguna, cuando la petrolera no había siquiera informado oficialmente del siniestro y, por supuesto, no se había realizado todavía ningún peritaje.

Mientras la seguridad industrial y la protección ambiental estén, en términos políticos, institucionales y administrativos, supeditadas a las metas de producción, seguirán por definición siendo muy altos los riesgos operativos. Este puede ser un buen momento para revisar esta parte de la arquitectura institucional surgida de la reforma energética.