Acusan –otra vez– congresistas de EE.UU. trato discriminatorio contra empresas de su país

Congresistas de los Estados Unidos enviaron este miércoles una carta a altos funcionarios de esa nación en la que acusan que el gobierno de México ha puesto en marcha medidas discriminatorias en contra de las empresas privadas energéticas norteamericanas, violando con ello el tratado comercial con esa nación y Canadá (T-MEC).

“Les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por los informes sobre la escalada de esfuerzos del Gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contravención de sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés)”, expresaron 40 legisladores de la Unión americana.

La misiva fue enviada a Katherine Tai, representante de la Oficina de Comercio; Anthony J. Blinken, secretario del Departamento de Estado; Gina M. Raimondo, secretaria del Departamento de Comercio, y Jennifer M. Granholm, secretaria del Departamento de Energía.

Esta es por lo menos la cuarta carta que envían legisladores de Estados Unidos al gobierno en turno de su país para exigir la intervención de su presidente y/o de sus funcionarios ante el trato discriminatorio hacia las empresas estadounidenses por parte del actual mandatario mexicano, contraviniendo los compromisos de México con sus socios comerciales.

“El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en directa contradicción con el T-MEC, que su propia Administración negoció y firmó”, señalaron los congresistas de ambas fuerzas políticas.

Recordaron que la administración lopezobradorista y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han defendido la regulación y los esfuerzos legislativos que han sido considerados como anticompetitivos y dañinos para el medio ambiente por parte de los tribunales mexicanos.

Lo anterior en referencia a las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos que impulsó el presidente López Obrador en el primer semestre del presente año y que fueron aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, así como de la emisión en 2020 de diversa normatividad, emitida por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de la Energía, que fue calificada como contraria a la competitividad.

En su misiva, los congresistas denunciaron que el gobierno mexicano, mediante la Guardia Nacional, ha impedido la operación de diversas instalaciones propiedad de empresas norteamericanas relacionadas con el almacenaje de hidrocarburos, especialmente de gasolinas, así como la cancelación de casi 1,900 permisos de importación y exportación de combustibles y otros productos refinados.

“El gobierno mexicano ha suspendido varios permisos de propiedad estadounidense de terminales de almacenamiento de combustible, mientras utiliza la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con este combustible, como sitios de almacenamiento y cierres parciales de otros 17”, refirieron con base en información publicada en medios de comunicación.

“Estas acciones son solo las últimas de un amplio y gran esfuerzo encaminado a sofocar la competencia del sector privado”, añadieron y recordaron que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) suspendió en julio pasado a 82 empresas con actividades de comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.

Mencionaron que tan solo entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía canceló 1,866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diesel, gas LP, turbosina, combustóleo y crudo. ”A partir del 20 de septiembre, solo 97 de los 1,954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México”, lamentaron.

Los 40 legisladores destacaron que al interior de México se reconoce que las políticas proteccionistas tienen costos significativos, por lo que citaron que el Consejo Coordinador Empresarial ha expresado su “profunda preocupación” por los “obstáculos a la importación de gasolinas para proteger artificialmente a Pemex”.

De la misma forma, comentaron que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había advertido que restringir la participación del sector privado conduciría a “una restricción artificial e injustificada del suministro de bienes y servicios, perjudicando a los consumidores mexicanos”.

“Favorecer a Pemex también podría causar que México viole el IMO2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos ambientales internacionales, debido al alto contenido de azufre en el combustóleo de Pemex”, agregaron a la lista de irregularidades del gobierno mexicano.

“CFE también ha reconocido su elección de utilizar este mismo combustóleo por sobre el gas natural en plantas de energía cercanas a las ciudades más grandes del país, como en la planta de Tula que proporciona hasta el 20% de la electricidad de la Ciudad de México”, agregaron.

Por todo lo anterior e informes recientes de acciones discriminatorias, los legisladores de Estados Unidos apuntaron que se requiere de una respuesta oportuna y clara. “Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas de Estados Unidos que operan o comercian con México igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC”, exigieron.