A finales de este mes de octubre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará una iniciativa de reforma constitucional que acote las pensiones “exorbitantes” que reciben jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LFC) y otras dependencias y entidades del gobierno federal, como la banca de desarrollo.
“Ya está lista la propuesta para regular a quienes perciben pensiones exorbitantes de Pemex, CFE y algunas otras instancias de gobierno. No pueden recibir tanto, es un absurdo”, afirmó en su conferencia de esta mañana.
Las declaraciones de la mandataria federal se dan dos días después de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aprobara un aumento de 4.32 por ciento a las percepciones de sus pensionados y jubilados contemplado en el Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027.
A finales de agosto pasado, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, dio a conocer que la dependencia a su cargo estaba analizando acciones legales para reducir las altas pensiones que reciben algunas personas.
Según Buenrostro, hay quienes llegan a recibir mensualmente cerca de un millón de pesos.
Reforma constitucional, sin retroactividad
Sheinbaum Pardo explicó que la reforma que propondrá es constitucional para evitar que se den los casos en que los pensionados reciban cantidades tan altas mensualmente.
Sin embargo, subrayó que no se pueden afectar derechos adquiridos, justo en momentos en que recientemente se discutió en el Congreso de la Unión el tema de la retroactividad para pasar la reforma a la Ley de Amparo, la cual incluía un artículo transitorio en ese sentido.
“Por ley no se puede [afectar pensiones actuales] porque precisamente platicábamos hace un tiempo de que no puede haber una ley que afecte a tiempo atrás, tiene que haber una reforma constitucional que lo establezca”, consideró.
Para ello, agregó, su gobierno se encuentra analizando las implicaciones legales y laborales de la reforma constitucional que propondrá. La intención, apuntó, es que las pensiones en el país sean equitativas y sostenibles.
Asimismo, dijo que su gobierno pretende alinear las pensiones especiales a los principios de austeridad republicana, con el fin de garantizar la equidad entre trabajadores del Estado.