Autoridades federales y locales frenan al sector gasolinero

Al alargamiento de plazos legales, recortes presupuestales, la lentitud en la liberación de permisos o la cancelación de los existentes por parte de autoridades federales, se suman los actos de corrupción por parte de gobiernos municipales y estatales que los empresarios gasolineros enfrentan en el momento de instalar una estación de servicio en el país.

“Aunado a la lentitud de los organismos federales, se suman las autoridades municipales y estatales que nos están dificultando y retrasando el proceso para instalar una nueva gasolinera, ya sea imponiendo distanciamientos, requisitos inconsistentes con la regulación federal o la incertidumbre ante la obtención de permisos, licencias o autorizaciones para construir y operar estaciones de servicios”, dijo Isaías Romero, ex presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Como un ejemplo, refirió que para obtener un permiso para la conexión de una gasolinería a la red de agua potable en un municipio, el costo para dicho requisito puede dispararse hasta los 3 millones de pesos.

“Estos permisos oscilaban entre los 17 y 20 mil pesos y hoy llegan a pedir hasta 3 millones de pesos por tener estas factibilidades”, expuso el empresario en el webinar “Cómo va el rezago de asuntos de la CRE: A dónde va la fila”.

Indicó que actualmente el total de disposiciones legales relativas a permisos para la instalación y puesta en marcha de una gasolinería en el país llega a 92, considerando federales, estatales y municipales.

“En su mayoría deben llevar un acompañamiento jurídico para garantizar la certeza del proyecto”, expresó Romero.

En su exposición, también recordó que, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la propagación del COVID-19, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspendió los trámites para obtener permisos no solo para la instalación de gasolinerías, sino para la importación, comercialización y almacenamiento de combustibles.

A eso, lamentó que se hayan sumando las clausuras de gasolinerías en distintas partes del país y la lentitud en la expedición de los permisos para nuevos proyectos o modificaciones a los permisos ya existentes.

“Los tiempos de entrega [de permisos] hoy son más largos de los tres meses que normalmente eran en el plazo de 2016 y 2017, llegando ahora hasta 36 meses para liberar estos permisos”, reveló.

Estos retrasos y anormalidades han representado pérdidas para la industria y están orillando a los particulares nacionales y extranjeros a adquirir estaciones ya instaladas en vez de pensar en construir nuevas, además de dejar sus marcas para entrar en la Franquicia Pemex, propiedad de la estatal Petróleos Mexicanos.

“Esto ha generado en nuestro sector una sobre regulación de permisos de trámites, en lo cual la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) ha manifestado que abrir una estación de servicio nueva es más complicado que adquirirla ya operando de las que se encuentran ya establecidas”, reiteró.

De esta forma, la construcción de una estación nueva oscilaba entre los 15 y 20 millones de pesos, pero hoy por el permiso de la CRE llega hasta 70 u 80 millones de pesos.

De acuerdo con Romero, se calcula que existen unos 1 mil 600 permisos detenidos en los escritorios del organismo regulador bajo la presidencia de Leopoldo Melchi García.

“Estos permisos detenidos equivalen a una inversión de 48 mil millones de pesos”, alertó Romero.

Reduce CRE vigencia de permisos

En el mismo webinar, organizado por Oil & Gas Magazine, Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), afirmó que la industria ha detectado que desde noviembre de 2022, la CRE está liberando permisos pero con menor vigencia que anteriormente.

“Hemos detectado que, en cada uno de los permisos que otorga la CRE, a partir de la primera sesión de noviembre de 2022, se reduce la vigencia de los permisos”, expresó.

En el caso de las gasolinerías, por ejemplo, Marcelino dijo que anteriormente los permisos tenían una vigencia por 30 años, cuando ahora llegan apenas a 10, o para los relativos al gas licuado de petróleo (gas LP), la vigencia se redujo de 30 a dos.

Por su parte, Carlos Vallejo Galván, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), destacó que por ahora existen unos 50 juicios de amparo en contra del acuerdo A-04, publicado el 28 de febrero pasado, que reactiva los plazos y términos legales de la CRE, pero que limita el número de asuntos a tratar y retrasa la emisión de permisos.

El especialista consideró que la industria no debería apostar por la judicialización del sector porque se manda una mala señal de que tanto acuerdos y las directrices, como disposiciones administrativas, se emiten con errores y deficiencias técnicas.