Estrategia nacional de energía

Se trata de una iniciativa de decreto que el Presidente debe remitir al Congreso
durante el mes de febrero y que adquirirá la importancia de ley.

Sergio Benito Osorio*

El cuarto año del gobierno del Presidente Calderón deberá iniciar presentando al Congreso la Estrategia Nacional de Energía, un documento con estatus de ley que dé orden a las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos en materia de energía dentro de un horizonte de 15 años.

La reforma energética votada por el Congreso en octubre de 2008 asignó esta nueva facultad a la Secretaría de Energía⁽¹⁾ quien, para estos efectos, deberá apoyarse en el Consejo Nacional de Energía⁽²⁾ y en un Consejo Consultivo que deberá dar voz a representantes de los distintos ámbitos gubernamentales y de la empresa privada.

Se trata de una iniciativa de decreto que el Presidente debe remitir durante el mes de febrero, para que en un lapso de 30 días el Congreso lo ratifique y adquiera la importancia de ley⁽³⁾. En él se deberá mostrar, con la mayor precisión posible, los distintos componentes de la política petrolera y eléctrica; el uso que desea dar a cada uno de los recursos energéticos con que cuenta el país; el significado cualitativo y cuantitativo que va a adquirir la seguridad energética; las metas con que se desea incorporar fuentes alternas como la eólica y la solar; el ahorro, la eficiencia energética; las estrategias tecnológicas y de inversión, etc.

El propósito del legislador fue crear un instrumento de planeación con mayor fuerza legal que de los programas sectoriales existentes, pues la naturaleza indicativa de estos últimos favoreció la dispersión y desaparición de la política energética como uno los pilares más importantes del desarrollo industrial mexicano. No es extraño señalar que hoy Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actúan como negocios totalmente separados, en los que, por ejemplo, la decisión para impulsar la generación eléctrica a gas nunca tomó en consideración la capacidad nacional de hidrocarburos o de cogeneración de las refinerías, ni los efectos de las importaciones de gas natural sobre las tarifas eléctricas, por mencionar sólo un caso.

Desde el punto de vista de los procesos de planeación en el país, el decreto-ley de energía que deberá votar el Congreso en los primeros meses de 2010 resulta una innovación, pues permitirá a los ciudadanos reclamar la aplicación de las medidas de política que ahí se establezcan. En la actualidad, el Artículo 9 de la Ley de Planeación señala como obligatorios, para las entidades de la administración pública, los programas sectoriales vigentes, incluso prevé un sistema de evaluación para medir el alcance de las metas. Sin embargo, es un hecho que los programas han sido letra muerta debido a que su formulación, ejecución y evaluación son responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. En cambio, ahora, al transformar en ley el decreto de estrategia energética, los servidores públicos encargados de su instrumentación contraerán responsabilidades que podrían ser reclamadas legalmente, en su omisión, por la ley respectiva.

La Estrategia Nacional de Energía, si es aprovechada adecuadamente por el gobierno, puede ser una oportunidad para dar estabilidad a los principales proyectos de inversión multianuales, debido a que la ratificación legislativa estaría aportando el piso legal necesario para la formulación de los programas institucionales de Pemex y CFE en el mediano y largo plazos, lo que favorecería la autonomía de gestión de estas enormes entidades descentralizadas. Por otra parte, también crearía mayor certidumbre para la proveeduría nacional y para el fortalecimiento de empresas y conglomerados privados que encontrarían señales más claras para sus expectativas de inversión.

Hay al menos cuatro asuntos que deberían tener una atención destacada en el ejercicio que la Secretaría de Energía envíe al Congreso el próximo mes de febrero: la disminución de emisiones contaminantes, el desplome de la extracción de petróleo, la reorganización del operador nacional del servicio público de energía eléctrica y el fortalecimiento del sector de proveeduría.

Ciertamente, son elementos que tienen una gran importancia en la coyuntura política del sector, pero es innegable su trascendencia estructural. Sin ser exhaustivos, parecería una inconsistencia el protagonismo internacional que ha tomado el Presidente Calderón en la lucha contra el calentamiento global y que el tema no permeara la política energética nacional, cuando se sabe que la mayoría de los gases de efecto invernadero provienen de la quema de hidrocarburos. (¿A propósito, hasta cuándo se va a seguir permitiendo a Pemex quemar y ventear criminalmente gas natural en la atmosfera?) Algo sustantivo se tendrá que proponer en materia de transporte eléctrico masivo, en incorporación de energías renovables, y para establecer verdaderos programas de ahorro en el ámbito doméstico, entre otros temas.

¿Cuál es realmente la plataforma de extracción petrolera para las próximas décadas? Hay grandes interrogantes sobre los programas de extracción para compensar la declinación de Cantarell; sobre la apertura y aprovechamiento de Chicontepec; en la estrategia para la explotación en aguas profundas y ultraprofundas. Por otra parte, más allá del conflicto legal, la extinción de Luz y Fuerza abre la discusión sobre la modernización y la mejora del servicio eléctrico en la zona central del país.

Finalmente, el país requiere de empresas privadas sólidas que fortalezcan el desarrollo de la industria de hidrocarburos y electricidad dentro del marco legal existente. Para ello, se requiere una política de fomento claramente concertada y con la certidumbre temporal que puede dar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a través de un programa-ley a 15 años.

Veremos, en los próximos meses, la consecuencia de los distintos actores con una reforma que, en su momento, fue proclamada como el acuerdo más importante desde 1938.

⁽¹⁾ Fracción VI, artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
⁽²⁾ Que se integra por la titular de la Secretaría de Energía, los subsecretarios y el Oficial Mayor de la misma dependencia; los presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía; los Directores Generales de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y de la Comisión Nacional del Agua.
⁽²⁾ La Constitución, Artículos 71 y 72 (Sección II, De la Iniciativa y Formación de las Leyes), otorga el mismo valor al proceso legislativo para resolución de leyes o decretos. El caso más conocido es el presupuesto federal, que siendo un decreto que presenta como iniciativa el Ejecutivo, es aprobado por la Cámara de Diputados y adquiere un valor de ley.

• Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energéticos en la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com )