Los subsidios a la energía eléctrica deben promover
la eficiencia, no el desperdicio y la contaminación.
OdÓn de Buen RodrÍguez*
A lo largo de más de cien años, México ha desarrollado un importante sistema eléctrico. A partir de la nacionalización del sector en 1960, y con el papel central y protagónico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), se ha logrado que, en términos generales, contemos con un servicio eléctrico de calidad.
Sin embargo, los modelos actuales de crecimiento y funcionamiento del sector ya no están en sintonía con los cambios que ocurren en esta industria en el mundo ni con las necesidades más amplias de México. En particular, son claras manifestaciones de esto:
? el que el sector eléctrico mexicano tenga una gran dependencia en combustibles fósiles para producir electricidad;
? el que, fuera del contexto de las dos empresas eléctricas nacionales, las empresas privadas se encuentren con un innumerable número de barreras para desarrollar proyectos que cubran sus necesidades y puedan aportar una mayor eficiencia en el uso de los combustibles;
? el que existan altos niveles de subsidio a ciertos conjuntos de usuarios (que promueven el desperdicio y que limitan los alcances de los programas de ahorro de energía eléctrica).
Así, por el lado de la oferta, aún dependemos en más de 70% de los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Esta situación, además de lo que implica en costos para el sector y sus usuarios -cuando suben los precios del petróleo, gas y carbón-, también representa una alta intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, aspecto en el que México previsiblemente asumirá compromisos internacionales que lo obligarán a modificar su canasta de energéticos primarios para la producción de electricidad.
Igualmente, el escaso aprovechamiento de las oportunidades de cogeneración (debido, principalmente, a restricciones en el marco legal), limita el incremento en los niveles de eficiencia de la generación eléctrica en el país, un uso más eficiente de la energía primaria y una mejor utilización de la infraestructura de redes eléctricas de transmisión y distribución.
Por el lado de la demanda, no obstante que en el país se ha desarrollado una variedad significativa de programas exitosos y de gran impacto en ahorro y uso eficiente de la energía, en los últimos años se han reducido los esfuerzos para seguir explotando un potencial que sigue siendo considerable. En este sentido, el principal obstáculo continúan siendo los subsidios generalizados que, se supone, fueron establecidos para proteger la economía de los más pobres, pero realmente sirven para pagar el desperdicio de muchos.
Ante este panorama, Energía, Tecnología y Educación, ENTE, S. C., ha elaborado el presente estudio, que analiza tanto los potenciales como los obstáculos y, a la vez, hace una propuesta orientada a una mayor eficiencia en el uso final de la electricidad y al aprovechamiento más amplio de las energías renovables para la generación eléctrica.
De acuerdo con el resultado de los análisis, el llevar a cabo estas acciones tendrá un costo total de 66,000 millones de pesos a lo largo de doce años (hasta el 2020). Esto significa que, en promedio, el programa costaría poco más de 5.5 mil millones de pesos por año (que es equivalente al 4.2% de lo que se gasta en subsidios anualmente).
En este sentido, se sugieren tres opciones para financiar la propuesta:
? Aprovechar los recursos del fondo de 3,000 millones de pesos al año que ha sido comprometido dentro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Sin embargo, utilizar el fondo como única fuente de recursos no será suficiente, pues éstos deberán asegurarse por veinte años para cubrir las necesidades de este programa.
? Una segunda opción sería aprovechar una fracción de los subsidios que actualmente se otorgan al servicio eléctrico. Aquí lo que se sugiere es que, en un plazo no mayor a 24 meses, se empiece a transferir, hasta por doce años, 4.2% de los subsidios (cuyo total se estima en 130 mil millones de pesos anuales) e integrarlo a un fondo que sirva para financiar el programa.
? Una combinación de las dos anteriores.
Es importante señalar que el programa permitiría reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (respecto de las que se estiman para generación eléctrica proyectada por la CFE para 2017) por cerca de 25 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente (18% del total para ese año).
Igualmente, las medidas que aquí se proponen tendrían un efecto significativo en la demanda de productos y servicios mexicanos y, por lo tanto, el empleo en México.
Por supuesto, estas acciones deben ir acompañadas por un ajuste y/o modificación de las leyes que regulan el sector eléctrico, en particular las que hoy día detienen el desarrollo cabal de la generación con energía renovable y la cogeneración.
En síntesis, ENTE pone este estudio sobre la mesa de los actores públicos y privados, y formula esta propuesta para ser considerada, debatida y, en su caso, aprovechada.