Lo privado de la Reforma

La centralización administrativa del sistema eléctrico debe ser utilizada para promover el desarrollo de las fuentes alternativas de generación eléctrica.

Eduardo Andrade Iturribarría*

Esencialmente hay mucho de privado en la Reforma Energética, como también lo había antes, ya que la proveeduría de bienes y servicios a Petróleos Mexicanos es de origen privado. Sin embargo, hay matices relevantes en la misma que tienen impacto en la administración de Pemex y en la inversión privada alrededor del petróleo. Meses antes de que la crisis financiera azotara al mundo, nuestro congreso acordó el equivalente mexicano ?mandatorio por cierto? del Buy American que se promueve ahora en Estados Unidos para reactivar su mercado interno. En México, se obliga ahora a Pemex una integración nacional del 25%. Así, al menos ese porcentaje, además de privado, será, de alguna forma, de origen nacional.

Sin embargo, en lo referente a invertir dinero en actividades de producción, procesamiento o transporte de refinados, arriesgando el retorno de la inversión, no hubo avance en la reforma. En su lugar, el Congreso de la Unión consolidó la necesidad de Pemex de acudir a mercados de deuda, garantizando a los inversionistas un retorno sobre su dinero que no tendrían, de haberse aprobado la propuesta del Presidente Calderón. Paradójico nuestro nacionalismo.

Sin embargo, en un acto de generosidad para las próximas generaciones y de acertado futurismo, el mismo congreso aprobó la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética en que se vuelve explícita la preocupación de nuestros legisladores por las energías renovables y alternativas.

Cabe decir que no permitieron la participación privada, porque esto ya era permitido, sino que sus discusiones ?las que forman parte del espíritu de la nueva legislación y, por lo tanto, de su sentido? eran claras y explícitas respecto a impulsar la participación privada en las mismas.

La ley contempla una inversión gubernamental anual de 3 mil millones de pesos para este fin y uno de los eventos más importantes de la reforma está en cómo estos fondos serán utilizados.

Energías renovables son la electricidad de plantas eólicas, plantas de aprovechamiento de la energía del agua o las celdas fotovoltaicas. Pero también lo son los biocombustibles. Algo en común de todas ellas es que ninguna significa la opción económica más atractiva y, por lo tanto, para ser financiables requieren apoyo. Cuál o cuáles de ellas, con qué cantidad o especie, durante cuánto tiempo, a través de quién, con qué términos y condiciones, pero, más importantemente, con qué objetivo estratégico se apoyarían, es una de las primeras decisiones y resultados que el Consejo Nacional de Energía tendría que decidir, y comunicarnos.

Que como ciudadanos conozcamos esta decisión es importante, porque define uno de los elementos de política pública más trascendentes que podamos imaginar, porque representaría lo que un grupo colegiado definido para el caso habrá decidido sobre el futuro, más allá de lo inercial del uso de los hidrocarburos.

Que una decisión visionaria como ésta sea correcta ?además de que intrínsicamente lo sea? necesariamente implica que genere políticas públicas de tipo conductual ?como la eficiencia energética? o mecanismos atractivos para el desarrollo de infraestructura.

Es previsible que dentro de las energías alternativas que se apoyarán estén la eólica y las minihidráulicas. Como ya se mencionó, ninguna de ellas es una opción tan económicamente atractiva como las tradicionales y, por lo tanto, la primera razón para apoyarlas es una de Estado, en claro abono a la sustentabilidad.

El verdadero éxito del impulso de la energía eólica y de las minihidráulicas ?con sus ventajas colaterales como la prevención de desastres? estriba en utilizar los muy exitosos esquemas de financiamiento de Productor Externo de Energía (PEE) y de Obra Pública Financiada (OPF) que han acompañado el crecimiento del sistema eléctrico nacional durante los últimos diez años. En éstos, la infraestructura de evacuación de la electricidad, así como la planeación del desarrollo del sistema, es proveída por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el control de la energía permanece en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). El sobrecosto es absorbido por el apoyo del Fondo para la Transición Energética, por el sistema de tarifas en general o por ambos.

No existe caso de éxito en el mundo para las energías renovables con base en contratos bilaterales ?o su versión mexicana, el autoabastecimiento?. En todos los casos, se sustenta en que “la red” tome la energía siempre que se genere y que el sistema pague una tarifa que garantice la reposición de un costo regulado de generación. Éste tendría que ver con tecnología y nodo para acomodar las características particulares de cada región en disponibilidad de recursos renovables conducentes a su aprovechamiento. Por ejemplo, es distinto el viento en La Ventosa, Oaxaca, que en La Rumorosa, Baja California. Es distinta la cuenca del Grijalva que la del Papaloapan.

La centralización administrativa del sistema eléctrico mexicano se ha probado exitosa para conseguir su más dinámica expansión durante la década pasada. Esa misma centralización debe ser utilizada para promover el desarrollo de las fuentes alternativas de generación eléctrica ahora.

*Presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros (mexiconecesitaingenieros@gmail.com)