La 60 Legislatura tiene la oportunidad de corregir los despropósitos del pasado.
Eduardo Andrade Iturribarría*
Los cuatro eventos paradigmáticos de México han sido la Independencia, la Reforma, la Revolución y la Expropiación Petrolera. Ya el año pasado Macario Schettino escribió una magnífico libro sobre la Revolución que marca una enorme diferencia sobre la historia que tradicionalmente se nos ha inculcado. La historia oficial tal vez lo sea así en aras de una amable simplificación o de una terrible distorsión para convertir una parte harto sombría de nuestra historia en un momento de triunfo que ha originado partidos políticos, entelequias puras y confusiones fundacionales absolutas.
¿Y la Expropiación Petrolera? El apego a la realidad de la historia oficial o de aquello que el imaginario popular ha decidido que sea la Expropiación está plagado de falsas concepciones, errores de concepto, atribuciones de autoría intelectual de ciertos actos a personas que no los cometieron y, finalmente, de un proceso que se inició virtuosamente con el pago por la expropiación de los activos para producción petrolera de las compañías que ostentaban las concesiones otorgadas por el Gobierno de la República, pero nunca se concretó en el ámbito de la construcción institucional adecuada para el florecimiento del sector y que, por el contrario, ha contribuido al estrangulamiento actual y la falta de opciones.
El Presidente Lázaro Cárdenas, en efecto, expropió los activos de las empresas petroleras, siendo el origen de la acción, pero no del movimiento, el desacato de un fallo judicial sobre un asunto laboral entre las empresas y sus trabajadores. La leyenda cuenta que insolentemente uno de los directivos cuestionó la autoridad del Presidente Cárdenas con lo que lo habría obligado a determinar la expropiación. Eduardo Suárez, en su libro de memorias y recuerdos sobre esos tiempos, niega que dicho episodio hubiera sucedido. En cualquier caso, el episodio de la expropiación tenía antecedentes increíblemente más complejos que una sencilla desavenencia, por elevado que hubiera sido su nivel.
La expropiación recuperó el control de las reservas de hidrocarburos para el país, pero no excluyó la participación privada. Sin embargo, sí ordenó que tuviera un carácter complementario y no protagónico. El mismo Cárdenas es enfático en su último informe de gobierno en la importancia de la participación privada en las actividades industriales. La refinación era tratada en un nivel distinto ?como ahora se hace? y se infería la importancia de separar las decisiones de la administración de la burocracia de aquellas necesarias para el correcto desarrollo de una industria extractiva.
El decreto expropiatorio, con su exposición de motivos, delineaba una estructura organizacional que daba prioridad a los intereses del Estado sobre los de cualquier particular, pero no se ataba de manos erradicando la participación privada. La exclusión de la participación privada ?eliminando los contratos de riesgo? data del régimen del Presidente Ruíz Cortines, en 1958.
En el mundo ideal, Pemex tendría la opción de utilizar los recursos, públicos o privados, que mejor le convinieran para cumplir con un mandato. Esto no presume que debiera hacerlo, simplemente que debería ser función del análisis técnico y económico de las opciones disponibles.
La responsabilidad está en todos aquellos que pudiendo haber hecho algo no lo hicieron, consciente o inconscientemente. Ya fuera por lo oportuno que resulta tener una fuente segura de ingresos como alternativa a una política recaudatoria mediocremente efectiva ?y en esta descripción caerían todos los regímenes presidenciales hasta 2006 por no hacer prioridad reponer el orden y facultar a Pemex para funcionar?. Como también podrían ser descritas las últimas 23 legislaturas ?más de 7,000 diputados que en ningún caso han reservado su voto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para denunciar la falta de recursos hacia Petróleos Mexicanos; y excluyo la presente y parte de la anterior, en reconocimiento del esfuerzo que hicieron para modificar la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos.
A 70 años de la fundación de Pemex, la 60 Legislatura tiene una oportunidad, probablemente la última, de corregir los despropósitos del pasado y que este 18 de Marzo celebremos el renacimiento y no una misa de cuerpo presente.
*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ex presidente de la Asociación Mexicana de Energía. (mexiconecesitaingenieros@gmail.com )