Redacción / Energía a Debate
El amparo que interpuso la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de las disposiciones administrativas que emitió la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de pago como contraprestación de excedentes de energía producida en generación distribuida a precios competitivos, va en contra de los intereses energéticos a largo plazo y de la sustentabilidad energética de México, consideraron los miembros de la Red por la Transición Energética.
En conferencia de prensa para dar a conocer las razones y motivos por los cuales la Red publicó en desplegado su posición al respecto, Gabriel Quadri dijo que el amparo de la CFE va en contra de los Acuerdos de París a los cuales México está comprometido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en los cuales, justamente el sector eléctrico contribuye con casi 20 por ciento.
Asimismo, a nombre de la Red, Quadri, socio director de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGEA), aseguró que el amparo sería un desprestigio y un lastre para la Reforma Energética, entre cuyos objetivos se encuentran la sustentabilidad y el combate al cambio climático global.
Por ello, la Red publicó el desplegado “Por un programa de generación distribuida fotovoltaica de gran alcance”, en el que los organismos y personas físicas pertenecientes a la misma hacen un exhorto a la CFE para que desista del amparo impuesto en contra de la CRE en materia de generación distribuida.
Carlos Tornel, oficial de Iniciativa Climática de México (ICM), consideró que el amparo es un obstáculo para los objetivos y beneficios que supone la generación distribuida de energía solar fotovoltaica. “Son beneficios que podrían tener un impacto para el Estado, como el sector residencial que es un sector altamente subsidiado, el cual asciende a 120 mil millones de pesos”, aseguró.
Agregó que la generación distribuida es una forma de disminuir las emisiones de las centrales eléctricas centralizadas y supone asimismo un beneficio para los individuos al permitirles instalar techos solares en sus casas para vender su excedente a la CFE, como asientan las disposiciones emitidas por el organismo regulador.
“Esto sería tener un ciudadano activo, participativo, democratizar el acceso a la energía y, por ende, cambiar la dinámica de ciudadanos pasivos que solo consumen electricidad sin tomar ningún papel”, subrayó.
En su oportunidad, Víctor Ramírez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), subrayó que los miembros de la Red “no consideramos para nada un abuso a las disposiciones administrativas de la CRE”, y explicó que, de hecho, la generación distribuida da estabilidad a la red.
Refirió que, bajo el actual esquema tarifario, la ANES ha estimado alrededor de 6.5 millones de usuarios potenciales de generación distribuida en tarifa doméstica de alto consumo y los que están cerca de dicha tarifa, así como otros 3 millones de usuarios de tarifa comercial que no reciben subsidio y para los cuales la inversión en energía solar fotovoltaica se vuelve atractiva.
Ese nicho, añadió, representa alrededor de 20 mil millones de dólares de inversión y miles de empleos. Dijo que en Estados Unidos se estiman 320 mil empleos generados por la energía solar fotovoltaica, por lo que tal vez México pudiera alcanzar los 100 mil.
Este amparo no ha prosperado porque el juez que llevaba el caso no declaró la suspensión provisional que habría impedido, entre otras acciones, la interconexión de nuevos usuarios residenciales de energía solar fotovoltaica y la venta de fluido a los precios determinados por la CRE.
Por el contrario, el Juez se declaró incompetente para llevar el caso y lo turnó el día de hoy a un tribunal especializado en materia de competencia.
Consulte el desplegado de la Red por la Transición Energética aquí.