Las empresas estatales quedarán más chicas y tendrán que competir.
(Artículo publicado en la edición septiembre-octubre de la revista “Energía a Debate”).
Varios países de América Latina gozaron de una boyante década (2004-2014) de ingresos y crecimiento económico, fruto de elevados precios de las materias primas.
En política energética, se endurecieron los regímenes fiscales para capturar más renta, se incitó a más nacionalismo a través de las empresas estatales y se promovieron precios subsidiados, pensando que las arcas de estas empresas estatales serían suficientes para la inversión futura y para generar excedentes.
Los altos precios posibilitaron, además, quiebres tecnológicos y una fuerte reducción de costos, mayor penetración de otras fuentes fósiles y nuevas fuentes de energía. Las renovables no convencionales (solar y eólica), aguas profundas y ultra profundas y los shales son los ejemplos más emblemáticos. Ahora, con menor producción de hidrocarburos y el desplome de los precios de éstos, las arcas de las empresas estatales y de las naciones se ven drásticamente reducidas y no hay más platita para gastar a manos llenas.
¿Qué hacer ahora? Pensar que el petróleo retornará a 100 dólares por barril con los frackers como productores en el margen a 30 a 40 dólares por barril y con nueva producción en otros países?
Imposible. ¿Pensar que los precios del gas natural licuado en los distintos hubs estarán nuevamente entre 12 a 16 dólares por millón de BTU cuando Estados Unidos y otros países productores tienen inundado el mercado de gas natural? Imposible.
¿Pensar que los precios de la energía eléctrica retornarán a 100 dólares por MW/hora con renovables compitiendo ahora a entre 50 y 70 dólares por MW/hora y combustibles fósiles con precios bajos? Imposible.
No queda más que tomar algunas drásticas medidas para captar inversión privada, entre las cuales podemos citar:
(1) introducir reformas, incentivos y flexibilizar regulación; (2) quitar subsidios y elevar precios y tarifas o (3) vender activos y privatizar unidades de negocio de las empresas estatales de energía. A continuación un breve análisis en algunos países de nuestra región.
Argentina ha quitado subvenciones a derivados del petróleo, precios de gas y electricidad. YPF ha puesto y pondrá a la venta centrales eléctricas y activos en downstream y está cediendo áreas de exploración y explotación (farmouts) para poder continuar realizando inversiones y bajar deuda. También ha establecido precios de gas natural de 6 a 7 dólares por millón de BTU en boca de pozo para destrabar inversiones en Vaca Muerta.
Brasil está en la misma senda, vendiendo y privatizando un sinfín de activos en toda la cadena al mejor postor, tanto de Electrobras como de Petrobras, mejorando su marco fiscal y regulatorio, quitando subsidios y sobre todo eliminando la condición de monopolio en estas dos empresas para generar competencia. La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) anda de gira por el mundo ofreciendo cientos de áreas en subasta en los próximos tres años.
México, después de 75 años de un muy férreo nacionalismo asociado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y también a Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en un proceso de franca apertura y cesión de activos al sector privado en toda la cadena, situación que parecían inaudita solo media década atrás. Generar competencia a Pemex y CFE y tornarlas eficientes es el derrotero.
El sector de la energía en Venezuela es un caos y muy en silencio se entregan activos de upstream y downstream para generar liquidez y pagar deuda soberana.
En realidad, para salir del profundo pozo económico y financiero en que se encuentra, Venezuela tarde o temprano tendrá que terminar vendiendo y privatizando activos o unidades de negocio principalmente asociados a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Perú no tiene mucho que vender, pero estudia una reforma profunda para dar incentivos fiscales a la exploración y explotación de hidrocarburos. Colombia ya ha introducido mejoras fiscales para atraer aún mayor inversión al sector hidrocarburos y sigue vendiendo activos públicos, como ha sido el caso de Isagen en el sector eléctrico.
Bolivia ha introducido incentivos mejorando la remuneración de precios de petróleo y líquidos asociados al gas natural, que están por encima del precio actual internacional. Muy posiblemente, en algún momento tendrá que tomar medidas adicionales. Ecuador anda en la misma senda de mejorar términos fiscales para exploración y explotación y está cediendo activos menores de Petroecuador y del sector eléctrico al capital privado y tendrá que hacer más para solventar su elevado endeudamiento.
La necesidad tiene cara de hereje, dice el sabio refrán. Una sola tendencia se avizora.
Las empresas estatales quedarán achicadas y en competencia con el sector privado.
* Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y ex Secretario General de OLADE. Actual Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo.