Energía A Debate

Artículo publicado hoy en el periódico Reforma.

Hace algunos años, cuando los primeros aerogeneradores llegaron al Istmo de Tehuantepec, surgieron graves conflictos con comunidades oaxaqueñas que hasta provocaron la cancelación de proyectos eólicos de gran tamaño respaldados por capital internacional.

Por lo mismo, es alentador observar que, en estos días de emergencia nacional, han sido las empresas privadas eólicas del Istmo las que han puesto el mejor ejemplo de solidaridad con las comunidades afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, sumándose a las labores de auxilio a los damnificados, aun cuando la economía de esas empresas sufrió importantes pérdidas por ese destructivo fenómeno natural.

Quedaron fuera de operación 21 parques eólicos en la región por daños en las subestaciones eléctricas causadas por el sismo de 8.2 grados. Aun así, las empresas eólicas prestaron su maquinaria pesada y han apoyado en la distribución de agua, alimentos y medicamentos, en el retiro de escombros, en el traslado de personas y la distribución de tiendas de campaña, y en los trabajos de limpieza y reconstrucción.

Las acciones de las empresas eólicas son congruentes con el espíritu del Transitorio Octavo de la Reforma Constitucional en materia de energía, cuyo marco jurídico atiende aspectos de impacto e inclusión social y reconoce la conflictividad histórica, producto de los rezagos y desigualdades que marcan la vida comunitaria en todo el país.

De esta forma se busca la conciliación de intereses y la armoniosa coexistencia de diversos tipos de actividad económica en los terrenos donde se llevarían a cabo proyectos energéticos, trátese de gasoductos, pozos petroleros, torres de transmisión eléctrica, parques solares y eólicos, u otros tipos de infraestructura.

Ciertamente, aún falta implementar óptimamente los diversos instrumentos y disposiciones que prevé la Reforma Energética en esta materia, en particular las evaluaciones de impacto social, para lograr esa convivencia entre los proyectos energéticos y las actividades particulares y comunitarias. Es un tema de gran complejidad, pero ¡qué mejor que sean las propias empresas energéticas las que tomen la iniciativa de apoyar a la sociedad civil y contribuir a resolver sus problemas y carencias!

El compromiso mostrado por las empresas eólicas en Oaxaca contrasta con la percepción de falta de sensibilidad empresarial en otras áreas de la economía nacional, en particular algunas cadenas de hoteles y de autoservicio, ante la emergencia desencadenada por los sismos. Históricamente CFE y Pemex han mostrado solidaridad con las comunidades en tiempos de adversidad, pero hoy día, en un contexto de economía abierta y de recursos presupuestales limitados, corresponde a toda la comunidad empresarial brindar ese apoyo.

Los proyectos energéticos son una oportunidad para impulsar el desarrollo local, reconociendo que el combate a la pobreza energética implica no sólo el derecho a contar con energía eléctrica o combustibles como el gas LP, sino también tener opciones para su propio abasto de energía.

En ese sentido, como parte de la Reforma, se implementará un programa de electrificación que en su primera etapa contempla la instalación de unos 10 mil sistemas de páneles solares fotovoltaicos, que se estima beneficiarán a 45 mil personas. Esto se prevé en la primera convocatoria, ya en marcha, del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, que atiende a comunidades apartadas de la red eléctrica. Por cierto, Oaxaca es uno de los estados con más sistemas fotovoltaicos aislados ya instalados.

La Reforma Energética busca una conciliación de intereses -que más bien es una complementación- entre empresarios y comunidades. En Oaxaca, se ha demostrado que esto es posible y que las nuevas inversiones en energía renovable pueden contribuir al bienestar de la sociedad. Al final del día, si no hay mejora de las condiciones de vida de la gente, las reformas estructurales tendrán poco sentido.