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La Reforma Energética del actual gobierno ha acumulado cerca de 100 mil millones de dólares en compromisos de inversión privada en los nuevos contratos petroleros, gasoductos, gasolineras, plantas generadoras y energías limpias, según estimaciones oficiales. Son inversiones que sustituyen la asignación de recursos del Estado. La Reforma se implementa a fondo a través de un nuevo marco legal, licitaciones y subastas, generando proyectos cuyos resultados, en su mayoría, se darán sólo en el mediano y largo plazos.
La implementación de la Reforma ocurre en medio de un panorama electoral cada día más incierto en el que se observa una preocupante descomposición del sistema político, donde opera mucha gente de dudosa calidad moral, corrupta, incompetente y con poca visión de país. Se ha comentado mucho el riesgo para las reformas estructurales que plantea la postura populista y autoritaria de Andrés Manuel López Obrador, pero, en realidad, esas tendencias nefastas están presentes, en distintas medidas, en todos los partidos y corrientes políticos y en sus respectivos candidatos.
El temor es que un cambio político negativo pueda frenar las inversiones o llevar a una revisión o reversión de la Reforma por parte del próximo gobierno. En un principio, parecería que ese riesgo es pequeño. Son jurídicamente robustos los contratos que se están firmando con los nuevos inversionistas que llegan al país. Además, sería irresponsable que un nuevo gobierno echara por la borda la oportunidad de recibir hasta 100 mil millones de dólares de inversiones potenciales en el país.
Varias otras medidas fortalecen la Reforma Energética jurídicamente. En fecha reciente y después de un proceso de evaluación riguroso, México fue admitido como miembro pleno de la Agencia Internacional de Energía (AIE), lo cual implica unirse a prácticas asumidas por las principales economías del mundo, si bien el tratado de adhesión aún debe ser ratificado por el Senado de la República.
También se espera que sea aprobada en breve la candidatura de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que obliga a aplicar estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas en las industrias petrolera y minera. Cabe suponer, además, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) podría incluir un capítulo energético que ayudaría a consolidar la Reforma Energética. Todo lo anterior crearía obligaciones internacionales que no deberían quedar a criterio del gobierno en turno.
El próximo gobierno difícilmente podrá dar marcha atrás a los cambios constitucionales que dieron vida a la Reforma Energética, ya que ello requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso. Y será normal si decide revisar los alcances y los resultados de la Reforma y hacer ajustes. Sin embargo, si el próximo Presidente de la República decidiera frenar los procesos de licitación y la ejecución de los contratos, el mensaje para los mercados sería muy negativo.
En ese contexto, la poca producción petrolera que se espera de los nuevos contratos en el corto plazo podría ser un talón de Aquiles de la Reforma. La geología menos pródiga y los tiempos austeros en la industria petrolera significan que la producción de crudo repuntará sólo en el mediano o largo plazo, lo cual podría dar pie a que la próxima administración cuestione los resultados de los contratos.
El peor escenario sería que México terminara como Venezuela, país donde se realizó una apertura petrolera considerada como ejemplar en los años noventa, con rondas petroleras competidas como las que hoy se realizan en México. Posteriormente, el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, con sólo un apoyo minoritario en el Congreso, abandonó las prácticas democráticas y se convirtió en una dictadura a la que el estado de Derecho y los compromisos internacionales le importaron muy poco. El resultado: una pesadilla que México debe evitar a toda costa.
David Shields es analista y consultor de la industria energética. Su e-mail: david.shields@energiaadebate.com