2017 fue “el año de la corrupción”, en el que ese fenómeno cobró una “dimensión monstruosa”, en opinión del periódico El Universal, en referencia a que siete ex gobernadores ya están encarcelados por desvíos masivos de fondos públicos, amén de muchos otros casos en gobiernos estatales y municipales bajo investigación. La corrupción también se manifestó en otros ámbitos de la vida nacional, entre ellos el sector energía, notablemente por el caso Odebrecht.
Después de varias décadas en las que suponíamos que había ido disminuyendo, la corrupción adquirió esa nueva dimensión no sólo por la magnitud de los actos cometidos, sino porque todo el mundo ha estado hablando de ella, la mayoría reclamando acciones para combatirla y sancionarla. Pero ha habido poca respuesta de las autoridades federales en el caso Odebrecht, obviamente por las implicaciones políticas y la cercanía del año electoral.
El 2018 ya llegó y, se quiera o no, la corrupción y la impunidad son temas que estarán en primera línea de las campañas electorales. Influirán en la ponderación de los ciudadanos al acudir a las urnas, al margen de que haya avances o no en el caso Odebrecht que permitan que sean juzgados políticos o funcionarios de alto nivel por los presuntos sobornos, contratos irregulares o delitos electorales asociados con él.
Los ciudadanos estaremos pendientes de cuáles serán las propuestas de los candidatos para un combate frontal a la corrupción en el próximo gobierno, además con la exigencia ciudadana de que no se dejen impunes los delitos de este sexenio. Por desgracia, el Sistema Nacional Anti-Corrupción nació débil, incluso con la percepción de que el gobierno mismo obstaculizaba su aplicación.
En el caso de Pemex, ya no sabemos si es orgullo nacional o vergüenza nacional después de varios casos recientes. Será esencial transparentar la operación de esa empresa productiva. Harán falta nuevas ideas de vigilancia ciudadana sobre las decisiones y acciones del consejo de administración y del sindicato, también sobre el quehacer cotidiano de llamada empresa productiva. También habrá que asegurar que la caja chica de Pemex ya no sea utilizada de nuevo para financiar campañas electorales y comprar voluntades.
Sin duda, la impunidad ha llegado a niveles insospechados. Cuando se permite la impunidad, se envía el mensaje de que la corrupción se tolera. Como dice el juez brasileño Sergio Moro, quien encarceló a funcionarios y empresarios de su país por el caso Odebrecht, el precio de la integridad es la eterna vigilancia de los gobernados.
Sin embargo, como la corrupción no está a la luz del día, vigilar la integridad y atacar la impunidad es una tarea harto difícil para los ciudadanos. Y se vuelve prácticamente imposible cuando el gobierno en turno y el sistema político demuestran que no tienen mucho interés en hacerlo.
David Shields.