Energía A Debate

Discurso de Alejandra Palacios, Comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, durante la presentación del informe “Combate a la colusión en licitaciones en México. Una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE”, elaborado por la OCDE.

Buenos días.

Es un gusto para mi poder compartir algunas reflexiones con ustedes en el marco de la presentación del documento “Combate a la colusión en licitaciones en México, una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE”.

A todos los mexicanos preocupa el precio de los energéticos, se trate de gasolinas o de la luz, y todos tenemos la expectativa de una implementación exitosa de la reforma energética. El éxito de la reforma energética, y su impacto en precios de gasolinas y luz más accesibles justamente pasa por la transformación de las empresas productivas del Estado, CFE y PEMEX, de empresas vertical y horizontalmente integradas, a un conjunto de subsidiarias que compitan y ofrezcan condiciones de equidad a otros oferentes rivales. Este cambio de cultura empieza por los propios procesos de licitación de los insumos que estas empresas compran, de ahí que en la COFECE celebremos la publicación de la OCDE que esta mañana se presenta.

Como aquí se ha mencionado, las condiciones de competencia y concurrencia en los procedimientos de contratación juegan un rol fundamental en la obtención de las mejores condiciones de precio, calidad y variedad en los bienes, servicios y obras contratadas por el Estado mexicano. Sólo a través de procedimientos competidos, los gobiernos aprovechan al máximo los recursos públicos.

Para que los procesos de contratación sean competidos, ésta debe ser promovida y garantizada a través de un diseño adecuado de los procedimientos de contratación. Desgraciadamente no siempre sucede así. Son muchas las notas periodísticas que señalan procesos de contratación pública dirigidos y corruptos. Al respecto, la OCDE ha señalado que más de la mitad de los casos de corrupción están relacionados con un contrato público, justamente buscando evitar la competencia de empresas por los contratos gubernamentales.[1]

Una explicación de este sesgo hacia la falta de competencia es que en las contrataciones públicas están en juego montos importantes de dinero y que los beneficios de realizar procedimientos de contratación dirigidos pueden ser de fácil acceso e inmediatos ?tanto para los privados que ganan los concursos como para los servidores públicos. De este modo, la competencia se convierte en una aliada estratégica en el combate a la corrupción.

Con una licitación diseñada para que exista competencia real en la asignación de los contratos de gobierno, se erradican los sobreprecios no justificables, así como los espacios para el favoritismo y el tráfico de influencias, inhibiendo la formación de acuerdos colusorios orientados a extraer ganancias ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores, en detrimento del presupuesto público y del bienestar de toda la sociedad.

Justamente hace un par de meses, en la COFECE sancionamos por un total de 257 millones de pesos a cinco empresas proveedoras de guantes de látex por coludirse en licitaciones públicas del sector salud. Esta sanción a las empresas Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Galeno y Holiday de México, se debió a que pactaron quién de ellos se quedaría con los contratos de venta de guantes de latex para exploración y cirugía en las compras consolidadas que realiza el IMSS, afectando al propio IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud y Petróleos Mexicanos.

Estos pactos se tradujeron en sobreprecios, en algunos casos de hasta el 20%, que en total suman un daño estimado al erario público de al menos 174 millones pesos; recursos que hubieran podido destinarse a adquirir una cantidad mayor de los productos médicos requeridos por el sector salud o a cubrir otras necesidades de esas instituciones. Asimismo, dado que se trata de procesos de adquisiciones públicas, se entregó la versión pública de la resolución a la Secretaría de la Función Pública para los efectos legales a que hubiera lugar, como podría ser, por ejemplo, la inhabilitación de estas empresas de participar en concursos públicos.

En el caso de la CFE y sus contrataciones públicas, derivado de una denuncia, desde septiembre del año pasado la COFECE tiene abierta una investigación por posible colusión en la compra que hace de watthorímetros, mejor conocidos como medidores de luz. Es decir, existen indicios de que productores, distribuidores y/o comercializadores de medidores se han puesto de acuerdo para manipular el mercado de los watthorimetros adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos 10 años la CFE ha destinado más de 15 mil millones de pesos a la adquisición de este producto a través de diversos procesos de compra pública.

Finalmente, quiero terminar mi intervención con una breve reflexión de los retos hacia adelante en la apertura del sector eléctrico a la competencia.

La reforma abre distintos eslabones del sector eléctrico a la participación y competencia de actores privados. Estos eslabones incluyen la proveeduría de los combustibles que sirven de insumo al sector, así como la generación de energía eléctrica y el suministro calificado de la misma, es decir, la venta a los usuarios de grandes volúmenes. El propósito de dicha apertura es permitir que los usuarios accedan a mejores condiciones de compra de energía eléctrica derivado de la presión competitiva entre distintos oferentes.

Como en otros mercados, tanto la existencia de una competencia efectiva en el sector eléctrico como el nivel satisfactorio de precios al consumidor final de electricidad dependerán, en buena medida, de que los oferentes competidores entre sí no alcancen acuerdos colusorios que perjudiquen a sus clientes y a usuarios finales. Para ello se requiere el cumplimiento de 6 condiciones básicas.

Primero. Es necesario que los actores con poder sustancial en los distintos mercados relevantes de los diferentes eslabones no abusen de éste, para desplazar o impedir de forma indebida a quienes quieran participar por primera vez en estos mercados. Como sabemos, debido a la configuración del sector eléctrico anterior a la reforma, la apertura comienza con la presencia de un actor de gran tamaño y alta participación en las distintas actividades del mercado, como lo es la CFE.

Segundo. Resulta indispensable que la separación horizontal y vertical de la CFE se implemente de manera efectiva. Las distintas empresas de generación de la CFE deberán evitar acuerdos e intercambios de información entre sí que tengan como objeto o efecto la manipulación de precios, restricciones de la oferta o segmentación del mercado. También deberán evitar hacer uso de un posible poder sustancial conjunto para obstaculizar la participación de otros actores en el eslabón de generación o en otros eslabones del sector.

Tercero. CFE Energía deberá cuidar que el acceso al gas natural necesario para la generación de electricidad que le dé a las empresas generadoras de la CFE, no sea en condiciones más favorables para ellas con respecto a otras empresas generadoras, poniéndolas en desventaja. Esto implica una separación vertical efectiva entre CFE Energía y las empresas de generación del Estado.

Cuarto. Será importante que tanto generadores como suministradores privados siempre tengan acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, mismas que han quedado bajo la tutela del Estado a través de empresas de la CFE.

Quinto. Como resultado de su historial como oferente de energía eléctrica, la CFE es la única empresa que cuenta con información sobre la demanda y necesidades de los potenciales usuarios calificados. Esta información podría darle una ventaja sobre otros suministradores. Por ello, en COFECE creemos que debe considerarse el acceso equitativo a dicha información para cualquier competidor.

Sexto, y regresando el tema de contratación, las empresas generadoras de electricidad propiedad de la CFE deben evitar privilegiar a CFE Energía por medio de la adjudicación directa de contratos de compra de gas natural a esta empresa. En cambio, todos los demás proveedores de gas natural que quieran vender este producto a las generadoras de electricidad de la CFE tienen que cumplir con todo el procedimiento especificado en la normatividad. Esto es discriminatorio para las empresas competidoras de CFE Energía, además, como lo menciona el documento que hoy nos convoca, la CFE debe procurar licitar prácticamente todo lo que compra.

En resumen, como sostuve al principio de mi intervención, la CFE enfrenta el reto de transformar una empresa integrada vertical y horizontalmente, en varias empresas separadas que compitan intensamente entre sí y con otros oferentes, por ofrecer diversos productos y servicios energéticos de la manera más eficiente posible. De esa transformación exitosa dependerá en gran medida el nivel de precios y servicio de la luz que los mexicanos esperan, como producto de la reforma energética.

Para lograrlo, resulta imperante que las empresas de la CFE incrementen su eficiencia de manera constante. Una de las vías para hacerlo, vía necesaria mas no suficiente, es promoviendo la competencia en todas sus contrataciones públicas: de bienes, servicios y obra pública.

La COFECE le reitera a la CFE su compromiso para colaborar en el logro de estos objetivos.

Muchas gracias.

[1] OCDE, Foreign Bribery Report, 2014. Disponible en: http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm