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Salamanca, Gto.- La primera llamada, de alguien que decía pertenecer al cártel de las drogas de la Familia Michoacana, llegó en febrero de 2015.
“Dijeron que sabían dónde estaba yo y dónde vivía”, dijo Alberto Arredondo, quien tomó la llamada en el trabajo como técnico de bombas en la refinería de petróleo en Salamanca. “Querían información”.
En la primera llamada, Arredondo colgó.
“Pero ellos insistieron”, señaló, volviendo a llamar y exigiendo detalles de cuándo se bombearía el combustible y a través de cuáles ductos.
El robo de combustible se está convirtiendo rápidamente en el dilema económico y de seguridad más urgente de México, minando en más de mil millones de dólares los ingresos anuales de las arcas estatales, aterrorizando a los trabajadores y desalentando las inversiones privadas en las viejas refinerías que el gobierno, después de una reforma energética en 2014, esperaba que prosperaran con el capital extranjero.
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