¿El Estado empresario no funciona?

Alvaro Ríos Roca

Nuevos y variados escándalos de corrupción y ejecución de dantescos e ineficientes proyectos, ejecutados por empresas estatales de energía en toda Latinoamérica, continúan revelándose día a día. Nos adherimos al sentimiento que existe para mantener a nuestras empresas estatales y la decisión de hacerlo es algo soberano. Empero, si se decide mantenerlas es para que se tornen en solidos pilares económicos en el largo plazo. Para ello debemos imprescindiblemente tratar de blindarlas del poder político de turno.

Blindadas y dejándolas actuar en forma corporativa, con competitividad e independencia traen un alto valor para los países y pueden: 1) Romper acuerdos de control de mercado que muchas veces pacta el sector privado. 2) Estudiar proyectos estratégicos para el país y apoyar a muy frágiles Ministerios de Energía, 3) Participar en proyectos que se consideren rentables, solas o asociadas y allí donde los privados no deseen participar, 4) Generar utilidades e impuestos para los países, 5) Etc. (Ej: Statoil en Noruega y otras).

¿Cómo blindarlas? Los directorios deben estar compuestos por miembros estatales (ministerios, etc.) y por instituciones independientes (colegios de ingenieros, etc.) y los requisitos profesionales y responsabilidades claramente establecidos para su designación y nombramiento. Mejores resultados se observa cuando los independientes son mayoría.

Este directorio o el presidente del país puede elegir al presidente de la empresa, de una terna propuesta por una empresa cazatalentos (recursos humanos), con requisitos claramente establecidos. Esto le otorga un gobierno corporativo que no responde necesariamente a los designios y caprichos del poder político de turno y es el derrotero para que sean sustentables y robustas.

En Brasil, Petrobras, la empresa abanderada de la región, poco a poco viene saliendo del abismo, privatizando varios inoperantes activos y muchos construidos con sobre precio. La corrupción vapuleo a Petrobras por varios flancos, como se ha informado ampliamente.

En Venezuela, el ex-ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, está con mandamiento de arresto y prófugo. Se le imputan muchos delitos y la obtención de más de 1,347 millones de euros a través del blanqueo de capitales entre 2011 y 2012 en España. Se lo acusa de contratar el buque fantasma de gas natural en Mariscal Sucre y donde se pagó 1,175,300.00 dólares por una nave que estuvo inoperativa el 60% del tiempo. Esto es sólo la punta del iceberg y es inaudito para un país sumido en la pobreza y caos económico.

En Ecuador, se construyeron 8 proyectos hidroeléctricos sin estudios serios técnicos ni de mercado. Se ha iniciado una auditoría internacional por el Estado para detectar carencias técnicas y operacionales y de mercado en infraestructura ejecutada por Petroecuador (refinerías Esmeraldas y del Pacífico, planta de licuefacción de gas Bajo Alto, poliducto Pascuales-Cuenca y complejo de GLP de Monteverde). Si a lo anterior sumamos los múltiples escándalos de corrupción que se han desnudado, donde gerentes, ejecutivos y funcionarios de Petroecuador, ministros, viceministros autoridades y prebendarios empresarios están presos, prófugos y muchos otros bajo investigación, la ecuación ante el ciudadano de a pie se torna grotesca e inadmisible.

Hay mucho más para analizar en Ecopetrol (caso Refinería de Cartagena), ANCAP (exvicepresidente destituido por corrupción cuando era su titular), PEMEX (corrupción no explicada, caso Odebrecht), YPFB (varios presidentes y/o funcionarios presos y proyectos ejecutados con dudosa factibilidad), Petroperu (dantesca inversión en refinería de Talara) y en muchas otras empresas estatales de energía en la región.

Ineptitud y corrupción al momento de encarar proyectos e inversiones que ejecutan las empresas del Estado son detrimentales para el bienestar económico de los países en el largo plazo. ¿Será que el Estado empresario no funciona? ¿Será que podemos blindar a nuestras empresas del poder político de turno? Los lectores tienen la última palabra.

En Bolivia, se acaba de aprobar e incentivar el marco legal para que se puedan concebir proyectos e inversiones bajo un régimen de Asociación Publico Privada y dejar de lado que el Estado continúe gestando empresas por sí sola. Un paso mucho más adecuado a nuestro entender dentro esta temática.

* Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, ex Presidente de OLADE, actual Socio Director de Gas Energy Latin America