¿Quién fijará mi tarifa eléctrica?

David Shields

Leer el artículo aquí en el periódico Reforma de hoy.

Hay un cortocircuito en la política energética nacional. Se trata del insólito pleito entre dos entidades del gobierno federal, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en materia de generación distribuida, es decir, el tipo de generación que permite a los ciudadanos producir electricidad con páneles solares en sus hogares y vender excedentes.

La generación distribuida ha tenido un despegue exponencial en los últimos años y es un tema clave del futuro energético del país. Cada vez más usuarios solicitan a la CFE su conexión bajo esa modalidad. A la CFE le entregan sus excedentes de producción y, en las horas en que no brilla el sol, consumen la energía del servicio público. Al generar y vender su propia energía, reducen a casi cero su recibo de luz.

La CRE elaboró y publicó los lineamientos para la generación distribuida y ha defendido el derecho ciudadano a generar su propia energía, ordenando a los suministradores del servicio básico (hasta hoy, existe sólo una, la CFE) pagar al usuario el excedente de electricidad generada. La CFE se amparó al no estar de acuerdo con las condiciones en que tendría que pagar ese excedente. Y en los hechos, si un usuario genera más energía de la que consume, la CFE no se la paga, sólo compensa contra consumos.

La CFE no ve con agrado que le obliguen a adquirir energía solar en volúmenes pequeños, sobre todo cuando esa energía, al ser inyectada en forma continua desde muchas microfuentes, puede desestabilizar la red eléctrica. El pleito entre la CRE y la CFE (entre dos entes “itamitas”, dijo alguien) llegó a tribunales. Al perder ante un juez de distrito, la CFE llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sigue sin resolución.

Las tarifas eléctricas siempre han sido un tema de controversia. Por ejemplo, la CRE aplicó hace poco un nuevo esquema simplificado de tarifas que generó polémica en distintos sectores industriales y comerciales. Redujo a menos de la mitad el número de categorías de tarifas, sin afectar las domésticas. Aplicó de golpe ese nuevo esquema, perjudicando a unos, beneficiando a otros. La CRE considera que las quejas empresariales son casos de excepción y ha definido un período transitorio de cuatro meses, a fin de que los usuarios se familiaricen con el nuevo esquema.

Aunque este esquema de tarifas no afecta a la generación distribuida, lo que tienen en común ambos casos es que la CRE probablemente no propició un diálogo adecuado y suficiente con todas las partes interesadas antes de aplicar las nuevas metodologías. Pero no es fácil ser un regulador independiente en un tema como las tarifas eléctricas, donde hay todo tipo de exigencias, sensibilidades, incluso injerencias políticas. Al menos, la CRE ha actuado y ha tratado de aplicar mejoras a fondo que el país requiere.

Pero, ¿dónde estamos ahora? La SCJN tendría que buscar una solución jurídica para la generación distribuida. Les tocará a los magistrados decidir quién tiene la razón en un asunto de gran complejidad técnica, que difícilmente podrán entender y que tendrá repercusiones en la operación del sistema eléctrico del país. Y sobra decir que las soluciones legales no siempre son las más apropiadas (ahí está el caso de El Bronco) y menos en los asuntos técnicos.

¿Los magistrados podrán hallar una mejor solución que los técnicos de la CRE y de la CFE? ¿Para los consumidores es aceptable que los abogados, y no los técnicos ni los economistas, definan cómo operar aspectos del sistema eléctrico y así influyan hasta en la fijación de tarifas? ¿Esto es compatible con la Reforma Energética, que busca una eficaz colaboración entre las distintas áreas del gobierno en los temas de energía? ¿Por qué no sucede en este caso?

La mejor solución a esta disputa vendría del mismo sector energético. La Secretaría de Energía debería intervenir para acercar a las partes y encontrar la mejor solución técnica y económica y, con base en ella, enviar una amable y respetuosa recomendación a la SCJN.

David Shields es analista de la industria energética. Su e-mail: david.shields@energiaadebate.com