Redacción / Energía a Debate
La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar a Oro Negro por posibles fraudes complica la batalla por el control de la compañía de servicios petroleros, lo que puede presionar a la compañía a buscar un acuerdo ante el gobierno, Pemex, y los tenedores de bonos, según fuentes cercanas al caso.
El periódico Reforma informó la semana pasada que la PGR está investigando la apropiación indebida de recursos de la empresa (la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/ 0000864/2018) por un presunto desvío del pago de rentas comprometidas con un acreedor que le prestó 900 millones de dólares para financiar cinco contratos de plataformas con Pemex.
Bajo el acuerdo de Oro Negro con los tenedores de bonos, todo el exceso de efectivo después de los gastos está destinado a ser enviado por Deutsche Trust en México a los tenedores de bonos, compromiso legal que no se ha cumplido.
La investigación de la PGR se produce en un momento crucial en que los tenedores de los bonos están presionando su caso ante los tribunales de Singapur, argumentando que las cinco plataformas petroleras deben ser entregadas a los tenedores de bonos, dado que Oro Negro perdió el control de la filial de Singapur, la cual poseía las plataformas al momento en que la empresa se declaró en bancarrota en México.
En la demanda presentada en la 58 ª Corte Civil en la Ciudad de México por los abogados de los tenedores de bonos en representación de las entidades dueñas de las plataformas, los abogados de Oro Negro, Guerra González y Asociados, afirmaron ser abogados de las entidades dueñas de las plataformas. Sin embargo, el 28 de junio, el juez invalidó el intento de los abogados de Oro Negro, declarando que el derecho para representar a estas compañías había sido revocado. Este fallo subraya que las entidades propietarias de las plataformas ya no están controladas por Oro Negro. Por esta razón, los tribunales mexicanos han desestimado el concurso mercantil de las entidades dueñas de la plataforma, con el argumento de que Oro Negro ya no controla más a la compañía.
Mientras tanto, es poco probable que Oro Negro, que está en pleito con Pemex, obtenga un respiro con el cambio de gobierno. Oro Negro está demandando a Pemex por casi mil millones de dólares por daños y perjuicios por la cancelación del contrato con las plataformas petroleras, acción que podría ser interpretada como hostil por el gobierno entrante.
La decisión unilateral de Oro Negro de buscar la bancarrota ha ensombrecido a todo el sector petrolero y ha dificultado el financiamiento para todos los proveedores de Pemex. Además, Julio Scherer, asesor de Andrés Manuel López Obrador, tiene una relación histórica difícil con Gonzalo Gil, principal accionista de Oro Negro, y la cercanía de la compañía con Emilio Lozoya, el cuestionado ex Director General de Pemex, tampoco la coloca en una buena posición con el gobierno de Morena ante la perspectiva de una futura revisión de contratos.