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La política energética de la actual administración ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex, aseguró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Asimismo, previó que el gobierno entrante dará continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social.
En un estudio dado a conocer este miércoles, el Centro estimó que, continuar con acciones como apoyar financieramente a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, y mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de 2 billones 195 mil millones de pesos (mmmdp) durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de 1 por ciento del PIB anual.
Detalló que dicho monto se dividiría en 1 billón 371 mmmdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; 245 mil 680 millones para que CFE mantenga su participación del 54 por ciento en la generación de electricidad; 57 mil 665 millones para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución, y 517 millones de pesos por subsidios a las tarifas eléctricas.
En el documento “Política Energética. Retos fiscales 2024-2030”, el CIEP refiere que, dado que para el próximo año se estima una reducción del gasto público del 3 por ciento del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.
El Centro bajo la Dirección Ejecutiva de Alejandra Macías Sánchez recordó que el gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética.
En 2021, 27.4 por ciento de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9 por ciento en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35 por ciento que tiene previsto este año, refirió.
“La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras”, apuntó.
