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El gobierno estaría dando un trato asimétrico y preferente a proyectos de infraestructura pública con respecto a los proyectos privados en cuanto a trámites y requisitos en función de riesgos, advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El organismo regulador consideró esta tarde que el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado el pasado 22 de noviembre por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga un trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del gobierno federal que, conforme al mismo, califique como de interés público y de seguridad nacional.
La Cofece también estimó que el Acuerdo es inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias, toda vez que faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales de 12 meses con relación de dictámenes, permisos y licencias necesarios para la realización de las obras en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Además, destacó que, en caso de que no se emitan dichas autorización, se aplica la afirmativa ficta, “sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público”.
“Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, asentó la Cofece.
De igual forma, señaló que, el hecho de que un proyecto sea declarado de interés público y de seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación, conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, explicó.
Por lo anterior, la Cofece reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.
