Corrupción y testigos sociales

Han transcurrido cuatro meses de este gobierno y no hay ningún resultado tangible en el combate a la corrupción. Andrés Manuel López Obrador machaca el tema todos los días en sus “mañaneras”, a veces con una preocupante superficialidad que no corresponde a la gravedad de esta desgracia nacional.

El Presidente ha acusado, amenazado y difamado a reguladores y a empresarios, a funcionarios y ex funcionarios, sobre todo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ha anunciado la investigación de faltas administrativas y posibles defraudaciones, pero no ha llevado a nadie ante la justicia. Incluso se sospecha que, con esas difamaciones, está hostigando a personas que no son los verdaderos corruptos. No hay castigos ni sanciones, sólo promesas de que ahora sí habrá probidad en el gobierno. Pero, ¿quién la garantizará?

En otros tiempos, se actuó con eficacia contra la corrupción. Los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, asumieron la tarea con valentía y responsabilidad. El primero no se tentó el corazón para enviar a la cárcel a un ex director general de Pemex, el segundo no dudó en enviar el Ejército a Tampico para aprehender a los líderes del sindicato petrolero. ¿López Obrador, por qué no da resultados?

Es reprobable que, en días pasados, el Presidente haya recurrido a la difamación mediática para descalificar a los testigos sociales (aclaro que soy testigo social en el padrón de la Secretaría de la Función Pública, SFP), que vigilan procesos de contratación pública, como “alcahuetes” que avalan “contratos leoninos” y se haya referido a sus honorarios como un tipo de “sobornos”. No se recurrirá a esta figura en su gobierno, dice.

Los testigos sociales son representantes calificados de la sociedad civil, promueven la legalidad, emiten propuestas y recomendaciones, en algunos casos detectan y denuncian irregularidades. Hay testigos sociales personas morales (organizaciones de la sociedad civil, OSCs) y personas físicas (profesionistas independientes). Es una tarea delicada, a veces no agradan sus recomendaciones y señalamientos, a veces son hostigados o presionados por funcionarios y autoridades. En general, su trabajo es valioso, útil, honesto, respetado. No hay pruebas de que ningún testigo social, de los que forman parte del padrón de la SFP, jamás haya aceptado un soborno.

Al parecer, la inconformidad de López Obrador apunta a excesos en las designaciones a Transparencia Mexicana y tal vez a otras OSCs que han atestiguado un gran número de licitaciones de la CFE. Pero es falso, como se ha afirmado en algunos medios, que la mayoría de los testigos sociales se haya enriquecido en el ejercicio de esta actividad. Más bien, sus honorarios están por debajo de los de un consultor profesional.

Sin duda, el desempeño de los testigos sociales no ha sido óptimo. Un análisis imparcial a detalle seguramente indicaría que algunos de ellos han hecho una estupenda labor, otros no tanto. Pero, si ha habido distorsiones, o excesos en el caso de las personas morales, ello es atribuible básicamente a un manejo deficiente de la figura por parte de la SFP, que no ha coordinado bien esta actividad de vigilancia social y no ha apoyado y atendido debidamente sus recomendaciones y observaciones, en los últimos años.

¿Por qué será que el Presidente no quiere la observación de las compras gubernamentales por profesionistas calificados? Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante los primeros 116 días de la administración actual se han adjudicado directamente, por dedazo y sin licitación, el 74.3 por ciento de las contratos registrados en Compranet y otro 7 por ciento por invitación restringida.

La nueva titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, ha dicho que la dependencia a su cargo será un órgano preventivo, cercano a los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no aceptar la vigilancia de las compras del gobierno por ciudadanos? Si no es con testigos sociales, ¿cómo pretenden hacerlo? ¿Cómo creer a ciegas que no habrá corrupción?

No se vale que el Presidente salga a enlodar públicamente a ciudadanos profesionistas, quienes, con su mejor esfuerzo y a veces en circunstancias complejas, se dedican a prevenir y combatir la corrupción. Si la figura del testigo social no está funcionando bien, ¿por qué no mejor corregirla y apoyarla?

Artículo publicado hoy en el Periódico Reforma. Léalo en el diario en esta liga.