El transporte de personas y mercancías es el uso final de energía con el mayor consumo en México. Es un sector que, a la fecha, funciona casi totalmente con combustibles fósiles, principalmente gasolina y diésel, cuyo consumo resulta en una variedad de emisiones contaminantes de efecto local y global, y que pesa en la economía de familias, de empresas y en la balanza comercial por su importación.
Asimismo, es un sector con enormes potenciales de ahorro y uso eficiente de la energía (y de sus beneficios asociados), lo cual se logra al mover más personas o mercancías con una cantidad igual o menor de energía.
La pregunta obligada es, entonces: ¿por qué no se hace más para aprovechar este potencial?
“…lograrlo no es posible solo con vehículos más eficientes o con una simple ley o reglamento”.
De manera muy simple y agregada, porque lograrlo no es posible solo con vehículos más eficientes o con una simple ley o reglamento. Establecer políticas para una mejora sistémica y significativa de la eficiencia energía en el transporte pasa por múltiples instancias de gobierno y de la economía e implica una gran variedad de instrumentos de política pública y de mercado en seis grandes vertientes:
- Energéticos. El cambio de energético puede permitir mayor eficiencia. En México, la política de combustibles es del orden federal e involucra, juntas o separadas, a las autoridades del sector de energía, medio ambiente y hacienda, en temas como la producción y calidad de los energéticos; el desarrollo de la infraestructura para producirlos, transportarlos y distribuirlos; en la seguridad e impacto ambiental por su producción, combustión, almacenamiento, transportación y venta al usuario; y en los precios e impuestos relacionados.
- Vehículos. Este tema involucra a los propios fabricantes en sus decisiones de traer al mercado vehículos más eficientes; al sector de economía, que administra y supervisa el sistema de regulaciones técnicas en lo general y las asociadas a temas de seguridad de los vehículos en lo particular; al sector ambiental, que regula las emisiones de los vehículos nuevos; y a las autoridades locales en su política de impuestos y descuentos a la tenencia vehicular.
- Registro, operación y supervisión de vehículos en circulación, de sus operadores y de los sistemas de transporte. Aquí, el gobierno federal regula a los que circulan en carreteras entre ciudades, mientras los gobiernos estatales y municipales lo hacen (incluyendo verificación ambiental) en su contexto geográfico, algunas veces en grandes zonas metropolitanas, que involucran a varios municipios y estados.
- Infraestructura. El gobierno federal se involucra en acciones para promover o facilitar el movimiento de personas y mercancías por carretera, vías férreas, vías marítimas y/o aeropuertos. A su vez, los gobiernos estatales se involucran también en el desarrollo de infraestructura, a la vez que participan en las acciones locales relacionadas al transporte urbano, que incluyen las vialidades en lo general y las que facilitan el transporte público (como carriles confinados o estaciones de transbordo) y al no motorizado (como ciclovías o banquetas en buen estado para peatones).
- Desarrollo urbano. Este es un tema que impacta, más que otra cosa, las distancias a recorrer cotidianamente y con efectos en el largo plazo. Aquí, el gobierno federal actúa como promotor de leyes que definen reglas generales y como inversionista en algunos elementos de infraestructura; a los gobiernos estatales como planeadores del desarrollo de sus territorios; y, finalmente, los gobiernos municipales que, al final de cuentas, permiten los asentamientos.
Esto nunca se moverá buscando la eficiencia energética como objetivo primario, pero es muy posible que algunas urgencias asociadas a fallas en la infraestructura energética, a problemas y/o costos de importación de energéticos, a impactos ambientales locales o, inclusive, a un desgaste social por el costo o por el desgaste físico y mental de moverse en ciudades y carreteras, lleven a abrir la caja de herramientas implícita en lo que acabo de anotar, lo cual requerirá de una gran coordinación en los tres niveles de gobierno con objetivos claros y sistemas de gobernanza que sirvan para consensos y seguimiento de acciones.
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