Industria eléctrica en la 4T: un paso para adelante, siete para atrás

Jesús Alarcón y Rodrigo Pérez-Alonso* para Energía a Debate

Entre 2013 y 2018, México se convirtió en una nación precursora de las energías renovables a nivel mundial, especialmente entre los países en vías de desarrollo. Esto surgió como resultado de las reformas constitucionales y legales promovidas con una visión nacional y de largo plazo que requirió de múltiples factores por la última administración (2012-2018). Estas incluyeron desde voluntad política y la construcción de un marco jurídico robusto, hasta el compromiso del sector privado para realizar inversiones de mediano y alto riesgo en el sector energético.

Desafortunadamente, el progreso alcanzado en materia energética hasta 2018 a raíz de estas reformas está en pausa, pero lo más preocupante es que la perspectiva del Gobierno de México (2019-2024) representa un retroceso sectorial de al menos 20 años. Sin embargo, para entender el impacto de las acciones del presente, es necesario valorar los resultados obtenidos a través de los años, tanto en la forma como en el fondo.

El primer elemento representa el “cómo” se dio el desarrollo progresivo de la industria eléctrica (1960-2018) a través de un proceso con apego a derecho y a la normatividad vigente, con robustez legislativa e interlocución incluyente (por medio de la consulta pública). El segundo elemento es el “qué” se pretendía alcanzar: reducir el precio de la electricidad, abrir el sector a particulares, promover la inversión privada, diversificar la matriz energética e impulsar la generación con fuentes renovables. En otras palabras, la certidumbre jurídica fue la forma, mientras que los criterios de sustentabilidad, productividad y competitividad fueron el fondo.

Los instrumentos normativos, programas y acciones expuestos en esta línea de tiempo representan algunos de los elementos clave en la evolución del sector eléctrico en México. Aunque la lista es exhaustiva y no limitativa, ayuda a dimensionar los resultados obtenidos entre 2013 y 2018, entre los que destacan:

• Una inversión de más de 20 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales el 50% se invirtió entre 2017 y 2018.
• La creación de más de 600 mil empleos relacionados con el sector energético.
• Un incremento en la capacidad instalada de energías limpias de 16.9 a 24.1 Megawatts (MW), lo que representa un 42% adicional.
• Una mayor generación de electricidad limpia, al pasar de 52.5 a casi 81 mil Gigawatts-hora (GWh), lo que permitió aumentar de 18% a 24% la producción de electricidad no contaminante.

• Tres subastas de largo plazo en el mercado eléctrico mayorista (MEM), cuyo potencial representa:
  • La construcción de 65 nuevas centrales de energías limpias
  • Una inversión de 8.6 mmdd
  • La adición de 7 mil Megawatts (MW) en la capacidad instalada de energías limpias, lo que equivaldría a iluminar 6.5 millones de hogares al año

• Un crecimiento significativo de 46% y 1,400% en la generación eólica y solar, respectivamente.

Sin duda, la gráfica anterior refleja el principal logro de la transición energética entre 2013 y 2018, en cuyo periodo la generación eléctrica fotovoltaica (solar) aumentó de 81 a 1,205 GWh. Sin embargo, es importante señalar que NO se cumplió con uno de los objetivos más importantes de la Reforma Energética de 2013: reducir el costo de la tarifa eléctrica.

Una de las principales justificaciones de la reforma constitucional fue la necesidad de reducir el precio de la electricidad y, por ende, la tarifa que pagan los consumidores. Este escenario no sucedió, pues en promedio las tarifas eléctricas aumentaron 19% en términos nominales entre 2012 y 2018, al pasar de 1.5 a 1.79 pesos por kilowatt-hora (kWh) a nivel nacional.

Vincular los logros de la Reforma Energética al precio de la tarifa eléctrica fue una apuesta de alto riesgo en el corto plazo, pues éste último depende de múltiples factores: el costo de los hidrocarburos (con los que se genera el 76% de la electricidad), los hábitos de consumo y las condiciones climáticas, entre otros. Este argumento no es menor si se considera que una reestructuración de tal magnitud no verá reflejados sus resultados en el futuro inmediato. No obstante, dio cabida al cuestionamiento de la efectividad de la transición energética, así como a la crítica yal escepticismo político.

Hoy en día, el gobierno de México pretende fortalecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual concentra el 56% del mercado de la generación eléctrica y mantiene el monopolio de las redes de transmisión y distribución. Para lograr esta pretensión, entre febrero de 2019 y junio de 2020 se han llevado a cabo una serie de acciones en detrimento del sector: se ha limitado la generación de energías renovables y se han creado barreras a la competencia y libre concurrencia de los agentes económicos. Si bien el fondo no es prometedor, las formas tampoco lo son, pues dichas acciones se han ejecutado mediante normas administrativas como Acuerdos o Políticas emanadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Secretaría de Energía, contraviniendo lo dispuesto en las leyes y reglamentos que regulan la industria eléctrica.

Los efectos de estas decisiones podrían pasar desapercibidos en el corto plazo, pero los resultados esperados son:

1)         un mayor incremento en la tarifa eléctrica que pagamos los mexicanos (el precio de los combustibles fósiles y sus costos de producción aumentan con el paso del tiempo).Esto en virtud de la disminución de la competencia y la obstaculización de tecnologías de generación eléctrica más eficientes y limpias.

2)         una reducción en la inversión privada (nacional y extranjera).

3)         una pérdida de empleos en el sector (como consecuencia del punto anterior).

4)         una mayor contaminación atmosférica.

Conclusión

Al igual que muchos países, México vive un periodo de transición energética, pero no en la dirección esperada. El gobierno de la 4ª Transformación pretende fortalecer a la CFE para que esta empresa productiva del Estado sea un agente económico preponderante en el mercado, muy similar a como fue de 1975 a 1992. Contrario al deber ser, no se están planeando cambios sustantivos al interior de la Comisión, o acciones que impulsen su eficiencia y productividad, sino que están frenando la participación de los particulares y la inversión en energías renovables.

Las autoridades justifican estas medidas como la solución “al rotundo fracaso de la mal llamada Reforma Energética de 2013”, pero en lo concerniente a esta connotación, el “recuento de los daños” de la reforma constitucional fue de 20 mil millones de dólares invertidos y 600 mil empleos creados entre 2013 y 2018, así como del incremento de 42% en la capacidad instalada de energías limpias, lo que ha permitido que el 24% de la electricidad que se genera no sea contaminante. Todo esto con la certidumbre jurídica que conlleva la construcción de un marco regulatorio robusto y con apego a derecho.

La valoración de los hechos puede contradecir lo que dicen las palabras, pero a veces las palabras generan expectativas que superan los hechos. Este fue el caso de la Reforma Energética, en cuyo proyecto se aseguró que reduciría el precio de las tarifas que pagan los consumidores. El resultado obtenido no fue el deseado: el precio promedio de la electricidad aumentó en 19% en términos nominales. No obstante, si se sopesa en una balanza los beneficios y perjuicios de la política energética de la última administración, el saldo sería favorable. Por tal motivo, no se puede permitir hacer “borrón y cuenta nueva” a uno de los periodos de mayor crecimiento y madurez del sector eléctrico en México.

_______________________

* Socios en Koalsulting México.

Notas:

¹/ Cifra preliminar al cierre de 2018.