Redacción / Energía a Debate
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los 12 organismos que lo integran, la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales hicieron hoy un llamado a revocar el Acuerdo de Política de Confiabilidad en el sector eléctrico, que ilegalmente impuso la Secretaría de Energía (Sener), afirmando que dicha política atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.
El Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, “es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, la Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, afirmó el CCE.
“Dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”, manifestó el organismo empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín.
La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado, aseguró el CEE.
Por lo mismo, el organismo empresarial hace un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
El sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país, concluyó el CCE, en un comunicado.
A su vez, la American Chamber México instó al gobierno a rectificar la citada política y acciones que vulneran al sector energético. Hizo un llamado a la libre competencia y a la certeza jurídica. “Cualquier relación comercial exige confianza y la primera condición para que haya confianza en la inversión es que existan reglas claras que se respeten”, afirmó.
“Si México quiere consolidarse como un socio estratégico, confiable y atractiva para la inversión, debemos ser consistentes en el respeto al Estado de Derecho, la legalidad y la libre competencia”, afirmó la Amcham.