De la cancelación de megaproyectos estratégicos y las claves para generar nuevas oportunidades de inversión en México
Por Ana Laura Barrón*
El anuncio oficial de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) puso el punto final sobre la que quizás sea una de las decisiones más controversiales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha encabezado una política de austeridad en el gasto público y el combate a la corrupción. En consecuencia, el gobierno en funciones ha decidido suspender la marcha de otros proyectos que en su momento fueron considerados estratégicos para el desarrollo del país: la suspensión de las licitaciones de las rondas petroleras -por instrucciones de la SENER- anunciada en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (la CNH) bajo el argumento de que se llevaría a cabo la revisión del avance de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos vigentes, son el primer ejemplo de ello.
Al día de hoy, la plataforma Proyectos México tiene registrados 274 proyectos en operación y 320 proyectos nuevos en los sectores de electricidad, hidrocarburos, transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, entre otros. En el listado se encuentra el proyecto de la Red Troncal de telecomunicaciones, cuyas bases originales fueron publicadas en junio del 2018 y cuyo procedimiento ha sido aplazado por las autoridades competentes quienes evalúan la oportunidad de incorporar elementos adicionales a las bases del concurso[1] como proporcionar cobertura de Internet en carreteras y espacios públicos. Sin embargo, aunque en principio se especuló que el proyecto sería relanzado desde cero, Telecomunicaciones de México (Telecomm), organismo responsable del proyecto, ha publicado nuevos plazos para llevar a cabo la licitación pública, pero sin que aún se haya adicionado algún requerimiento a las bases del concurso.
Otro megaproyecto impulsado en la administración anterior fue la construcción y modernización de las líneas de transmisión eléctrica Istmo-centro y del sistema interconectado en la península de Baja California, con un valor que cercano a los mil doscientos millones de dólares[2] y cuyo valor fundamental sería el de integrar a la red nacional la energía proveniente de fuentes renovables. Ambos proyectos estaban contemplados dentro del Plan de Negocios de la CFE, el cual preveía inversiones aproximadas a los 330,000 millones de pesos hacia 2022, y de las cuales la tercera parte serían atraídas a través de esquemas de coinversión.
A pesar de ello, el pasado 25 de enero se anunció la cancelación de la licitación para la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec–Ixtepec. A través del anuncio a los participantes, la Comisión se pronunció por continuar “explorando esquemas que permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión”. Mientras tanto, el proyecto de las líneas de transmisión en la península de Baja California se encuentra en revisión, y esto parece ser la primera señal del inicio de una reestructuración de las prioridades de inversión de la empresa productiva del estado.
El más reciente golpe a las inversiones en el sector eléctrico fue la cancelación de la subasta de largo plazo 2018 SLP-1/2018 anunciada el 30 de enero de este año, que permitiría la compra de energía proveniente de fuentes limpias y renovables, la cual había suspendida en diciembre pasado con el fin de revisar sus objetivos y alcances[3]. En este caso, la Secretaría de Energía ha sustentado su decisión en consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética que no han sido explicadas con claridad.
Con la reforma energética se permitió la apertura del sector energético para implementar acciones que contribuyan a la transición hacia una economía baja en carbono, cuyas metas podrían verse amenazadas si no se logra implementar las políticas públicas correctas en un plazo prudente. Por tanto, las nuevas políticas públicas a implementarse en el sector eléctrico, y en materia energética en general, deberían estar apoyada en criterios y líneas de acción claros y orientados al desarrollo.
El anuncio por parte del director general de la CFE, Manuel Bartlett del lanzamiento del programa nacional de electricidad es una nueva oportunidad para el gobierno de AMLO de reafirmar el compromiso con acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas en energías limpias. Más allá de la pérdida del valor monetario y de las oportunidades de inversión de los proyectos cancelados, queda pendiente el valor ambiental y el compromiso social que este tipo de proyectos representa.
Claves para nuevas oportunidades de inversión
De la revisión de los proyectos prioritarios de la administración central incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se desprende que el gasto en este rubro será menor para el primer año de gobierno de AMLO en comparación con otros rubros, por ejemplo los programas sociales, a pesar de haber incrementado el presupuesto destinado a la CFE y al sector energético en general[4], dichos recursos serían reasignados a las prioridades de los nuevos planes y programas de inversión.
Un área de oportunidad importante para detonar las inversiones en infraestructura son los esquemas de colaboración público-privada, pero para que estos cumplan sus propósitos de rentabilidad económica y social es necesario contar con un marco sólido que permita contratos más transparentes y eficientes, con reglas de participación bien definidas y metas de desempeño claras.
De igual forma, es fundamental prever las consecuencias de cancelar o modificar proyectos de gran magnitud como los señalados, que podrían comprometer ingresos futuros e inclusive dar origen a importantes controversias comerciales. En este sentido, resulta menester que la cancelación y aprobación de proyectos estratégicos esté sustentada en criterios sólidos y objetivos, y que el diseño y aprobación de nuevos proyectos cuente con el respaldo de estudios que demuestren su viabilidad tanto técnica como financiera, así como su rentabilidad social y ambiental. Si se quiere realizar proyectos que generen mayor valor por el dinero invertido será necesario realizar un análisis a conciencia de cuáles deberían ser las prioridades de inversión en los próximos años.
- * Investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@SoyAnaLaura)
[1] Originalmente, dicho proyecto se llevaría a cabo a través de una contratación bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP) y consistía en el aprovechamiento de 25 kilómetros de la infraestructura de fibra óptica disponible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
[2]Datos de la plataforma Proyectos México de Banobras.
[3] Oficio No.SENER.100/2019/075 mediante el cual la Secretaría de Energía solicita al director general del CENACE la cancelación de la subasta de largo plazo 2018 SLP-1/2018.
[4] De acuerdo con información del diario la Jornada, el presupuesto destinado a CFE tuvo un aumento de 35.9 por ciento, lo cual equivale a 16 mil 500 millones de pesos. En: ´Para inversión de Pemex en 2019, más de $273 mil millones´. Por Julio Reyna Quiroz. En Periódico la Jornada (en línea), Sábado 29 de diciembre de 2018, p. 14. consultado en: https://www.jornada.com.mx/2018/12/29/economia/014n2eco*