Pueden municipios contribuir a mitigar cambio climático: expertos

Ulises Juárez / Energía a Debate

Esta mañana se llevó a cabo el seminario virtual “Oportunidades energéticas en las entidades federativas de México para impulsar la reactivación económica”, organizado por la empresa de consultoría y auditoría Deloitte de México e Iniciativa Climática de México (ICM), en donde expertos coincidieron en que los gobiernos de los estados y de los municipios del país pueden realizar acciones de eficiencia energética y para combatir el cambio climático.

Daniel Chacón Anaya, director de Energía de ICM, presentó un esquema de coordinación entre los estados y los municipios, en donde se pueden aplicar diversos programas de eficiencia energética, uso de energías limpias y sustentabilidad.

“Los gobiernos estatales pueden empezar por ser más eficientes y tener energías renovables en sus edificios y agua potable, en el movimiento de aguas residuales y alumbrado”, expuso y dijo que esto puede hacerse en coordinación con los municipios, la gran industria, el comercio y la electrificación del transporte.

Esas mismas acciones, agregó, los gobiernos estatales pueden incentivar en otros ámbitos, no necesariamente del propio gobierno local, sino a través de los ciudadanos a través de programas como los hogares y ejidos solares (mediante páneles fotovoltaicos y calentadores de agua solares), la generación distribuida residencial y comercial en pymes, y el combate a la pobreza energética.

En su exposición, Chacón Anaya previamente había recordado que la meta global de que la temperatura del planeta no se incrementara más de 2 grados centígrados ya no es suficiente, sino que debe estar por debajo del 1.5ºC.

En el caso de México, refirió que en los últimos 166 años, el país ha tenido una emisión acumulada de 27.5 gigatoneladas (Gton) de gases de efecto invernadero, principalmente bióxido de carbono (CO₂). “Lo cual corresponde a una concentración de 407.8 partes por millón”, situación que calificó de alarmante.

“Esa cantidad de CO₂ es tal que si nosotros queremos conservar un incremento de la temperatura de 1.5 ºC […], tendríamos limitadas ya las emisiones de CO₂ en nuestra atmosfera; es decir, solo nos quedaría espacio para 8.9 Gton, las cuales al ritmo actual de emisiones que tenemos las alcanzaríamos en 12 años”, advirtió el especialista. “Y eso mismo está sucediendo con el resto de los países”, agregó.

Para cumplir la meta, indicó, al año 2050 el país tendrá que llegar a cero emisiones. “¿Qué conversiones debemos hacer de nuestro modo de vida, de nuestra tecnología, etcétera? Es una gran pregunta y un gran reto”, concluyó.

(Fuente: Daniel Chacón, ICM)

Por su parte, Héctor Cuevas, socio de Impuestos y Servicios Legales Marketplace para México y Centroamérica de Deloitte Spanish Latin America, destacó los aspectos legales del derecho a un ambiente sano.

“Los estados, obviamente con fundamentos constitucionales, por los artículos 1, 4 y 25, tienen de alguna manera una obligación con respecto a los particulares para mitigar el daño y el deterioro ambiental, pero también para garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable”, señaló.

Además, subrayó que México es el país líder en la emisión de los llamados “bonos verdes”, instrumentos destinados únicamente para financiar o refinanciar proyectos sustentables.

Dijo que desde 2001 nuestro país tiene la posibilidad de emitir estos instrumentos financieros tanto públicos como privados, alcanzando una suma total de 32 mil millones de pesos, siendo la Bolsa Mexicana de Valores la única institución en el país que participa en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).

Detalló que en México la mayor emisora de “bonos verdes” ha sido la Ciudad de México, que tan solo en 2016 hizo una colocación de estos instrumentos con un valor de 3 mil millones de pesos.

En su oportunidad, Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte, expuso que, en promedio, las entidades federativas del país tienen un consumo de electricidad de 8,978 gigawatts por hora (GWh) anual tan solo en alumbrado público, bombeo de agua e iluminación de edificios públicos, monto que representa en términos económicos un gasto de 24 millones de pesos, ambas cifras a 2017.

Apuntó que en promedio el mayor consumo y, por consecuencia el gasto más alto de los tres, se realiza en el alumbrado público con 5,192 GWh (58%), seguido por el bombeo de agua con 3,484 GWh, o 39%, y después la iluminación de edificios públicos con 310 GWh, o 3%.

El gasto energético –afirmó– representa aproximadamente entre el 0.6% y el 1.7% de los gastos totales para los estados.

Por lo anterior, resaltó que el uso de las energías renovables y la implementación de medidas de eficiencia energéticas podrían reducir esos gastos entre un 20% y 30%, lo que equivaldría a 7,200 millones de pesos en ahorros potenciales.

En el seminario virtual también participaron José Antonio Urteaga, especialista en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Michelle Ramírez, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, y Anjoum Noorani, de UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK Pact).