El Centro Mexicano del Derecho Ambiental obtuvo un amparo del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones contra la Ley de la Industria Eléctrica.
El Cemda obtuvo la suspensión por los mismos principios que se advirtieron antes de la reforma: el cambio en el orden del despacho eléctrico afectará el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud.
El principio que utilizó el juzgado es el precautorio y es común en materia ambiental.
Pero lo más interesante es el argumento central de la sentencia emitida por el juez Rodrigo de la Peza, quien declaró tajante que no es necesario esperar a que inicie la implementación de la reforma y el cambio en el despacho eléctrico que dará prioridad a las generadoras de la CFE, incluyendo las de combustóleo y diésel, por encima de las renovables privadas para darse cuenta que habrá afectaciones en el entorno y el bienestar físico de los habitantes del país.
Solo se necesita analizar la lógica, dice la sentencia, de que incrementar la generación con combustibles fósiles afectará al medio ambiente y generará daños a la salud de los mexicanos.
Así de simple: lógica.
¿Empezamos a temblar?
El vergonzoso capítulo de Chico Ché en la mañanera es una mancha difícil de olvidar, especialmente cuando llegan los números de las posibles consecuencias económicas que tendría que pagar México en caso de que obtenga un resultado negativo en las mesas de consulta del T-MEC solicitadas por Estados Unidos, en torno a los cambios en la política energética nacional.
Banco Base ya le puso número a la casa y planteó cuatro escenarios, pero el peor de ellos es realmente catastrófico.
Este panorama implica que México pierda en la mesa y se declare que el país violó los acuerdos del T-MEC en materia energética. En segundo término, se necesitaría que Washington aplique aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas.
Gabriela Siller es clara en las consecuencias. Este escenario sería igual a que el país se saliera del T-MEC.
Esta combinación de factores ocasionaría una caída en la economía de 3.5 por ciento en el primer año de implementación de las sanciones, al tiempo que es probable que la calificación soberana del país pierda el grado de inversión, así como un retroceso económico de 30 años del que sería muy difícil recuperarse, según la perspectiva que tiene la directora de Análisis Económico de Banco Base.
¿Nos ponemos a temblar?
Le hacen caso a las calificadoras
Las agencias internacionales de calificación, particularmente Moody’s, han insistido en que Pemex debe concentrar sus esfuerzos en exportar petróleo. Ese es el verdadero negocio de la petrolera.
Desde el inicio del sexenio, la calificadora ha insistido en que la refinación solo va a seguir generando pérdidas y que es mejor buscar importaciones y concentrar los recursos en exploración y producción para recuperar la plataforma de producción, así como las reservas del hidrocarburo en el país.
Es innegable que a todos nos da gusto ver ganancias en Pemex, pero hay un sabor agridulce: las utilidades, que superan los 200 mil millones de pesos en los primeros seis meses del año, son consecuencia del fortísimo incremento en los precios internacionales del petróleo.
Pero recordemos la estrategia de la 4T: el 28 de diciembre del año pasado, Octavio Romero planteó que Pemex iba a exportar solo 430 mil barriles al cierre de este año y lo demás se iba a refinación.
La realidad es distinta, y a la mitad del año se exportaron en promedio un millón seis mil barriles, es decir, la petrolera se olvidó un ratito de la refinación y volteó al mercado exterior para obtener rentabilidad por el hidrocarburo. Para acabar pronto: le hicieron caso a Moody’s.