Escenarios en la regulación mexicana ante el cambio climático

En la conferencia sobre el cambio climático de hace una semanas México aumentó su meta nacional de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) de 22 % a 35 % en 2030. Debido a que la generación de electricidad es un sector estratégico para reducir las emisiones, las metas de participación mínima de energías limpias en la generación fueron del 25 % para el 2018 y 30 % para 2021; para el 2024 la meta es del 35%[1]. Hasta ahora no se han cumplido con las metas, en 2018 faltó 5.5 % y en 2021, 0.5 %[2]. Ante esta situación, ¿qué está haciendo y que está dejando de hacer el Gobierno de México para alcanzar las metas?, ¿qué mecanismos tiene a su alcance para lograr las metas que nos hemos establecidos?, ¿cómo estos mecanismos pueden afectar a nuestra empresa?

A nivel internacional los países han implementado herramientas regulatorias para que las empresas contribuyan al combate al cambio climático. La idea es imponer “castigos” a quienes contaminan, así como “premios” a quienes invierten en energías renovables y ahorran energía. Para esto, los gobiernos han creado mercados artificiales para que se alcancen las metas de transición energética de la forma más eficiente posible a través de la competencia.

Los mercados más importantes para combatir el cambio climático son el de Certificados de Energías Limpias (CEL) y el de emisiones de carbono. El mercado de CEL incentiva la producción de energía de fuentes limpias, mientras que el mercado de emisiones procura que las industrias mejoren sus procesos de producción para limitar el nivel de emisiones de GEI. En el Cuadro 1 se explica cada uno de estos mercados.

En México el mercado de emisiones va a iniciar operaciones a través del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) a partir de 2023[3], por lo que ambos sistemas –CEL y SCE– operarán de forma simultánea en el sector eléctrico.

La actual administración encabezada por el Presidente López Obrador ha dejado claro que no está de acuerdo con el mercado de CEL. Sus razones son que el principal obligado en adquirir CEL es la ​​​CFE Suministrador de Servicios Básicos (pues debe entregar el 81 % de la energía eléctrica)[4] y los principales beneficiarios de este mercado son generadores privados (quienes han invertido más en generación renovable en los últimos años). Incluso el Gobierno intentó eliminar este mecanismo en la reforma constitucional que fue rechazada en abril de este año en la Cámara de Diputados. Si bien este mercado no se eliminó, sí se han realizado modificaciones al esquema mediante la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de mayo de este año. Ahora no solamente las centrales de generación nuevas tienen derecho a emitir CEL, sino cualquier central eléctrica limpia (sin importar la fecha de entrada en operación), aunque estas reformas siguen pendientes de aplicarse debido a los diversos amparos que han interpuesto las empresas.

Además no hay certidumbre sobre la aplicabilidad del mercado de CEL. La Secretaría de Energía no ha publicado el requerimiento de CEL desde el 2019 (a pesar de que tiene la obligación de publicarlo en los primeros tres meses de cada año y que la Comisión Reguladora de Energía fue quien dio a conocer el requerimiento para 2023). Por otro lado, no se han aplicado los mecanismos de monitoreo y sanción para el cumplimiento de obligaciones de CEL.[5]

Respecto al mercado de emisiones de carbono, es posible que siga la misma que el mercado de CEL y que el Gobierno no implemente de manera efectiva el SCE. La actual administración ha seguido con el plan establecido en la regulación, incluso es una de las medidas expuestas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada en este año; sin embargo, debemos reconocer que en el corto plazo este sistema podría incrementar los costos de producción de las industrias y el costo de generación de electricidad, lo que significa una pérdida de competitividad ante países que no tienen este mercado (México es el primer país latinoamericano que regula las emisiones de las grandes fuentes industriales). Según el Banco de España, entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios mayoristas de la electricidad se duplicaron en ese país y alrededor del 20 % de ese aumento se explica por el encarecimiento de los precios de los derechos de emisión de carbono.[6] Por lo tanto, el Gobierno de México podría no estar dispuesto a afrontar este costo y menos en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024.

Ante esta falta de certeza regulatoria (sobre si implementan o no de manera efectiva estos dos mercados), prevemos cuatro escenarios posibles a los cuales la industria eléctrica se va a enfrentar en los próximos años. La Figura 1 nos ayuda a visualizar los futuros escenarios posibles con la finalidad poder prever en qué situación se encontrará el sector eléctrico en los próximos meses.

Figura 1. Escenarios posibles de la industria eléctrica

(Fuente: Elaboración propia utilizando la metodología de Generación de Escenarios Múltiples).

Conocer y analizar nuestro entorno permitirá identificar las tendencias en la industria y anticiparnos a nuestras necesidades y/o de nuestros clientes, por lo que vale la pena preguntarnos: ¿cómo estos escenarios pueden afectar a los objetivos de nuestra empresa o institución?, ¿qué retos, oportunidades y posibles beneficiosofrece cada escenario?, ¿cómo podemos prevenir caer en un escenario no deseado? La respuesta a estas preguntas nos puede ayudar a crear una estrategia para alcanzar los objetivos de cada uno de nosotros para el futuro.

Notas:

[1] Artículo Tercero transitorio de la Ley de Transición Energética.

[2]De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2022-2036. Anexo II. Reporte de Avance de Energías Limpias 2021, Secretaría de Energía, 2022.

[3]En octubre del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el programa de prueba del SCE. La fase de prueba inició el 1 de enero de 2020 y terminará el 31 de diciembre de 2022 (durante 2020 y 2021 se implementó la fase piloto y durante 2022 es la fase de transición).

[4]Comisión Federal de Competencia Económica,Transición hacia mercados competidos de energía: Los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana, México, 2021. Disponible en: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2021/05/CEL_doc_vb2.pdf

[5]Ídem.

[6] Banco de España, El papel del coste de los derechos de emisión de CO₂ y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España, España, 2021. Disponible en https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/17351/1/do2120.pdf

*/ Julio García es un profesional con más de 20 años de experiencia tanto en consultoría, como en posiciones directivas en el gobierno y en empresas privadas. Su pensamiento crítico en los problemas energéticos permite identificar problemas, riesgos y oportunidades para ofrecer soluciones innovadoras que facilitan la eficiencia en los mercados. En fundador de EnergInt.

Trabajó como experto en competencia económica para el Monitor Independiente del Mercado Eléctrico Mayorista en México, también se desempeñó como director general de Inteligencia en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y como abogado en Grupo TMM.

Posee las Licenciaturas en Derecho y en Economía por el ITAM, así como tres Maestrías, una en Economía, Regulación y Competencia por la Universidad de Barcelona; otra en Inteligencia por la Universidad Carlos III y Universidad Rey Juan Carlos, y la tercera en Alta Dirección por la Universidad Rey Juan Carlos, todas en España.

Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.