Álvaro Ríos Roca / Energía a Debate
El primero de diciembre de 2018 tomo posesión en México por un sexenio y sin posibilidad de reelección, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este primero de enero de 2019 lo hará en Brasil Jair Messias Bolsonaro (JMB) por cuatro años y con posibilidad de una sola reelección. Ésa es la regla democrática y se la respeta a rajatabla en ambos países.
Ambos países presentan desigualdades sociales profundas, alto nivel de pobreza, principalmente sur de México y noroeste en Brasil y elevada corrupción. Pese a contar con materias primas y algo de industria manufacturera, no han podido ni acercarse a ser considerados países desarrollados por la escasa producción de bienes y servicios de alta ciencia y tecnología.
Entrando en el tema, este 2019 estos dos países estarán en una profunda contraruta en materia de política energética. Se confirma el péndulo energético latinoamericano. En México, después de un secante estatismo (75 años) donde Pemex y la CFE aportaban casi la totalidad de inversiones en hidrocarburos y energía eléctrica, el 2013 se aprueba y pone en marcha una Reforma Energética.
La Reforma se da por el debilitamiento tecnológico y financiero de Pemex y CFE y la caída en producción de hidrocarburos y generación eléctrica en esas empresas, además de corrupción y otros factores. La Reforma permite apertura a inversión del sector privado y que las dos paraestatales sean empresas publicas privilegiadas, pero que debían entrar en competencia con los nuevos actores. Se instalaron, además, reguladores independientes.
En seis años se entregan más de una centena de áreas de interés petrolero a empresas internacionales y se dan permisos para que Pemex se asocie a ellas. En materia eléctrica se abre la generación y la construcción de numerosos gasoductos para reemplazar combustóleo y mucho más.
Empero, ahora la administración de AMLO quiere frenar la Reforma. Se detendrán las licitaciones de áreas petroleras y se están destinando recursos del Estado para que Pemex se fortalezca y haga exploración de riesgo y construya refinerías y mucho más (de dónde saldrán los recursos es la pregunta fundamental). Es un giro a un modelo nuevamente estatista tan sólo seis años después.
En Brasil, hace casi dos décadas, se hizo una Reforma Energética de apertura algo parecida a la de México. Dio libertad a Petrobras y Electrobras para que compitan con un gobierno corporativo sólido, inviertan y se internacionalicen. Se crearon los órganos reguladores para este efecto. Los resultados fueron sorprendentes principalmente con los descubrimientos costa afuera (en el Presal).
Después de 2002 los ex presidentes Lula y Roussef frenaron inversiones privadas, detuvieron licitaciones de áreas en hidrocarburos, debilitaron organismos reguladores, otorgaron monopolios de facto a Petrobras y Electrobas. Las hicieron subsidiar y montaron un esquema de corrupción inimaginable. Un esquema estatista que llevó a la debacle a Petrobras y Electrobras. Se tuvo que recurrir a privatizar unidades de negocio para salir de elevada deuda, desmontar subsidios, restablecer independencia a los reguladores, retomar licitaciones de áreas y mucho más.
Todo indica que JMB profundizará estas medidas y las privatizaciones avanzaran aún más. Petrobras y Electrobras se reducirán, tendrán supuestamente un gobierno más corporativo (menos politización de las empresas) y los reguladores seguirán siendo fortalecidos para regular la actividad y generar competencia. Es decir, mucha menor presencia del Estado en la actividad energética.
El tiempo indicará cuál de los dos modelos traerá mayor inversión, prosperidad, mejores días y menor corrupción en materia energética. Los dos presidentes entrantes se han propuesto luchar frontalmente contra la corrupción. Les vamos a tomar la palabra para beneficio de los dos países y de toda la región. Les aseguro, ningún modelo funcionará con la corrupción que nos abate desde hace décadas. Próspero 2019 a nuestros lectores.
- *Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America.